El sindicato Anpe criticó ayer la "incoherencia" de la Consejería de Educación al oponerse con rotundidad a la Lomce y, al mismo tiempo, comenzar a aplicarla desde ya en asuntos como el polémico recorte horario de la asignatura de Religión.

Representantes de la organización sindical expusieron ayer un balance del curso escolar del que la Administración educativa no sale muy bien parada. La falta de diálogo es uno de los argumentos que esgrime Anpe para sostener esta postura, pero también la contradicción entre el discurso del consejero José Miguel Pérez contra la nueva ley -incluido el compromiso de amortiguar sus efectos- y su decisión de desarrollarla, cuando otras comunidades que se oponen a ella -Andalucía, Cataluña y País Vasco- han buscado "resquicios legales" para retrasar su implantación.

La reducción del horario de Religión en Primaria -90 a 45 o 60 minutos semanales, en función de lo que decidan los centros, que también podrán optar por mantener el actual- no se basa, según el sindicato, en criterios pedagógicos -"es imposible dar una asignatura en 45 minutos", dijo Domingo Martín, secretario de Acción Sindical de Anpe-, económicos -los sueldos de los maestros los paga el Ministerio- o sociales -el 85% de los padres elige la materias, recalcaron-, sino puramente en "motivos ideológicos" y puede provocar que alrededor de 200 docentes se queden sin trabajo y otros 300 en situación precaria.

Ante el "escaso talante negociador" de la Consejería, Anpe ha recurrido a los tribunales en varios asuntos, como la imposición de prórrogas de destinos al profesorado o la atribución a los directores de "excesivo poder" con lo que, a su juicio, también Canarias se ha adelantado a la Lomce.

Otra de las quejas de la organización se refiere a la ausencia de información por parte de la Consejería. "No hemos podido acceder a datos básicos para el profesorado, como las plantillas docentes o las jubilaciones", indicó el presidente de Anpe, Pedro Crespo.

Por esa razón, el sindicato ha realizado sus propios cálculos sobre el número de docentes -procedentes de las adjudicaciones de destinos y el concurso de traslados-, muy distintos de las cifras difundidas por la Administración. Si esta afirma que se han cubierto todas las jubilaciones y se ha contratado a un centenar de interinos más, Anpe afirma que en este curso faltan 800 trabajadores para igualar las plantillas del anterior.