Hace ya cuatro años que el Parlamento de Canarias recibió una iniciativa legislativa popular (ILP) que venía respaldada por 36.000 firmas y que reclamaba una ley autonómica de educación con la que, entre otros objetivos, asegurar una financiación suficiente para el sistema educativo de las Islas. El tortuoso camino que ha recorrido esa propuesta -rechazada y luego recuperada por la Cámara- puede estar cerca de su culminación, aunque está por ver si el resultado final es del agrado de los colectivos que la promovieron.
Los grupos nacionalista y socialista, que apoyan al Gobierno regional en el Parlamento, han aprovechado el periodo de presentación de enmiendas para dar una "estructura de ley" al escueto texto original, cuyo espíritu han intentado conservar. En sus aportaciones se mantiene el compromiso de aumentar la financiación que siempre han pedido los firmantes de la ILP, que además se traduce en una cifra concreta: al menos el 5% del producto interior bruto (PIB) en ocho años. Eso sí, no es seguro que un objetivo tan preciso sobreviva después del trabajo de la ponencia parlamentaria encargada de analizar las enmiendas de los grupos.
La ponencia se reunió por primera vez el pasado miércoles. La idea de los diputados es habilitar julio para que la primera ley canaria de educación sea votada por el Pleno en la segunda quincena de septiembre.
El portavoz en materia educativa del grupo nacionalista canario, Nicolás Gutiérrez, reconoce que el propio consejero de Hacienda ha advertido de que es necesario "hilar fino" en los aspectos económicos. No en vano, la ILP fue desestimada en primera instancia porque suponía un incremento del presupuesto, lo que contraviene la normativa, y ya los servicios jurídicos de la Cámara han advertido a CC y PSOE por el mismo motivo. Gutiérrez no aclara cómo se salvará este obstáculo y se limita a decir que "habrá que afinarlo en la ponencia".
Por el momento, solo nacionalistas y socialistas -conjuntamente- y el grupo mixto (Nueva Canarias) han presentado enmiendas al texto. No lo ha hecho el grupo popular, lo que Nicolás Gutiérrez le parece "sorprendente". No obstante, la intención de CC y PSOE es que impere el consenso -como ocurrió en la comisión de estudio de la educación en Canarias, cuyas conclusiones son también el germen de la futura ley-, por lo que pretenden dar trámite a las sugerencias del PP. En cuanto a las del grupo mixto, el parlamentario nacionalista considera que son "bastante asumibles".
Pero el consenso tendrá límites. Gutiérrez explica que los populares ya han avanzado que no apoyarán ningún aspecto del proyecto que se oponga a la ley nacional -la polémica Lomce- o que constituya un intento de sortearla. Y las enmiendas de CC y PSOE incluyen algunos contenidos que claramente llevan la contraria a la Lomce. Es el caso del refuerzo del papel de los consejos escolares de los centros, que en la norma básica han perdido su capacidad decisoria para quedarse en instancias meramente consultivas.
Así, una de las aportaciones de ambos grupos establece que "el Consejo Escolar de los centros públicos, sin perjuicio de las competencias del Claustro, aprobará y evaluará el proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión", y recuerda que la Constitución garantiza la participación de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de los centros.
También recogen las enmiendas de nacionalistas y socialistas la posibilidad de que los estudiantes que no superen las pruebas externas -las llamadas reválidas- y no obtengan el título de Secundaria puedan permanecer en el sistema hasta los 18 años, algo a lo que ya se había comprometido la Consejería y que, en principio, contradice la Lomce.