"Todo tiene un límite", responde tranquilo el viceconsejero regional de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos, a la pregunta de si la comunidad podrá cumplir los objetivos de déficit aprobados el jueves pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -con el voto en contra de Canarias y otras tres autonomías- del 0,7% del PIB para 2015; del 0,3% en 2016, y del 0% en 2017 (el actual es del 1%).

"Un padre de familia en paro, que no cobre nada, que ya se haya comido sus reservas, si no tiene qué dar a sus hijos, pues hace otras cosas", razona. "En el momento en que estos objetivos de déficit supongan un grave deterioro de los servicios esenciales más allá lo que estamos viviendo, evidentemente nos lo plantearemos", remata antes de señalar que el Gobierno regional ha demostrado ya respetar las leyes, "pero todas las cosas tienen un límite".

El planteamiento es toda una revolución para un equipo de gobierno que siempre ha defendido el cumplimiento del tope de deuda contra viento y marea para evitar la intervención de la comunidad autónoma por parte del Estado. Pese a la obstinada insistencia de los sindicatos, que siempre se han opuesto a sacrificar servicios públicos a cambio de conseguir el objetivo de déficit y han demandado hasta la saciedad al Ejecutivo regional que no lo respete, la Administración canaria siempre había descartado hacerles caso. Y no es solo la intervención: la situación originaría más deuda -y más cara- para las Islas. "Nos intervendría alguien que no ha sabido cumplir lo mismo que nos piden, es curioso", ironiza.

Velayos ve irresponsable que las comunidades se comprometan a cumplir esos topes cuando desconocen la cuantía de las entregas a cuenta que tendrán esos tres años, qué efecto tendrá la reforma fiscal y cómo incidiría la reforma del sistema de financiación autonómica prevista, sin fecha aún. Canarias presionará "todo lo posible" para acelerar esta última, "pero no es responsable asumir esos objetivos sin conocer los ingresos".

La reforma fiscal mermará los fondos de la Comunidad Autónoma

Esta vez también, el Gobierno regional se enteró por la web del Ministerio de cómo iba a ser la reforma fiscal. Por no tener información, ni siquiera hoy tiene constancia oficial sobre la cuantía en la que esta afectará a sus arcas, pero la comunidad hizo sus propios cálculos y ya sabe que perderá fondos.

Ante la solicitud de una memoria económica, el Estado respondió a Canarias que la reforma fiscal no tendrá efectos en la comunidad porque las bajadas impositivas se compensarán con el crecimiento económico.

"Los errores anteriores de las estimaciones de crecimiento son tan grandes que estamos preocupados", explica el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Jesús Velayos, quien se guarda para sí la cifra en que mermarán los recursos de la autonomía. "Prefiero no decir el cálculo, pero sí puedo asegurar que no se trata de una cifra excesivamente elevada", explica.

En todo caso, recuerda que el límite de gasto de la comunidad es tan restringido y que existe una deficiencia tan grande entre el coste de los servicios públicos y lo que reciben las Islas para financiarlos que cualquier desviación, por pequeña que sea, "es importante".

¿Y cómo se compensará esa bajada? Lo decidirá el Gobierno más adelante, pero Velayos deja claro desde ya que la intención del Ejecutivo es no subir los impuestos.

"Si la afección fuera brutal ya se vería", matiza, pero remarca de inmediato que la programación fiscal autonómica de 2011 -que incluyó la subida de impuestos a partir de 2012- se ha mantenido y que la Administración espera seguir con la misma hoja de ruta. "Se incrementaron una única vez y no más", insiste.

De hecho, la comunidad autónoma es partidaria de bajar la presión fiscal "si no hay menoscabo de los servicios públicos" para impulsar las políticas sociales, así como para favorecer la dinamización de la economía.