Para que el turismo canario siga siendo uno de los motores económicos de la región debe rehabilitar con urgencia sus instalaciones. Es una de las conclusiones del informe sobre la competitividad de esa actividad elaborado por el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Capte), un laboratorio de ideas conformado por empresarios del Archipiélago que estima que la actividad genera el 34% del empleo de las Islas y sostiene el 30% del PIB regional. Pero ello es insuficiente. Proponen, además, derogar la moratoria para asegurar su mejor desempeño.
El informe sostiene que la ley actual "confunde" el "desarrollo sostenible" con "crecimiento cero" y que se olvida de que el desarrollo sostenible incluye un componente social y otro económico, ambos con indicadores negativos en las Islas (como la propia competitividad o el empleo).
Tras asegurar que la actividad solo ocupa el 3% del territorio, arremete contra el "mito de los depredadores del territorio", algo que ve "infundado" porque el 85% está protegido y también porque existe "suficiente" legislación al margen de la moratoria para impedir un crecimiento incontrolado.
Critica con fuerza que se vincule la rehabilitación hotelera a ciertas categorías de hoteles, aspecto muy polémico de la Ley de Renovación y Modernización Turística al haber restringido la edificación de nuevos establecimientos a los de cinco estrellas gran lujo y limitar los de cuatro estrellas solo a la actualización de los antiguos, lo que ha sido muy contestado desde Gran Canaria.
Tras recordar que en los últimos cuatro años no se ha construido ninguno de cinco estrellas gran lujo en las Islas, afirma que la demanda es de cuatro estrellas y propone desvincular el crecimiento hotelero de categorías alejadas de las necesidades de mercado. Además, sostiene que "Canarias no ofrece condiciones óptimas" para esos hoteles de gran lujo.
Capte apoya la elaboración de un plan a largo plazo de turismo que derogue a medio plazo de forma definitiva la Ley de Directrices de 2003, la de Medidas Urgentes de 2009 y la actual de Renovación y Modernización Turística, del año pasado.
Propone así unificar en un solo texto legislativo refundido el marco jurídico completo para el turismo, "hecho que aportaría una mayor seguridad a los inversores".