La ley más importante que hace cualquier gobierno -la de los presupuestos- nacerá esta vez en Canarias sin garantía de que se cumpla. Incluirá, como no podía ser de otra manera, el tope de déficit impuesto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para 2015 (del 0,7%), pero el portavoz oficial, Martín Marrero, aclaró ayer tras la aprobación de los parámetros básicos de elaboración que su cumplimiento es el "planteamiento inicial" y no un aspecto incontestable como en las veces anteriores.

La semana pasada, el viceconsejero de Hacienda y Planificación del Ejecutivo regional, Jesús Velayos, ya había adelantado sobre el cumplimiento del nuevo límite de deuda para 2015, 2016 (0,3%) y 2017 (0%) que "todo tiene un límite".

Marrero matizó que Velayos hablaba de la evolución conjunta del déficit entre 2015 y 2017 al tiempo que aludió a la incertidumbre con que se elaborarán las cuentas del próximo ejercicio a fin de justificar ya la dificultad que tendrá el Ejecutivo para cumplirlas. "El Gobierno se plantea el 0,7% de déficit para 2015 y en función de eso elabora las próximas cuentas", insistió antes de aclarar que cumplirlo es su "planteamiento inicial".

Aunque el argumento de la incertidumbre en la elaboración de las cuentas también es un viejo conocido para la Administración regional -lo ha empleado desde hace años- es cierto que el equipo que lidera Javier González Ortiz tendrá que lidiar con muchas incógnitas al dibujar el gasto y los ingresos de 2015.

La administración regional sostiene que afronta un déficit anual de 800 millones por la "injusta" financiación autonómica -que el Estado prometió revisar en algún momento sin fijar fecha para hacerlo-, a lo que suman los efectos de la reforma fiscal -aunque será poco, la comunidad ya sabe que mermarán sus ingresos-, todo lo cual "abre un periodo de incertidumbre", remarcó Marrero.

Pero la situación, puntualizó, "no es excusa" para dejar de elaborar las cuentas, que según los criterios aprobados ayer, deberán fortalecer los servicios esenciales, la protección de los colectivos en riesgo de exclusión y una mayor eficiencia de la Administración, además de la promoción económica, objetivo que Marrero acabó por matizar. "Es importante, pero complicado" de alcanzar.