El juicio por el concurso de la compañía aérea Spanair empieza mañana martes en la Ciudad de la Justicia de L''Hospitalet (Barcelona) y continuará el miércoles y el jueves de esta semana, y en él están llamados a declarar los miembros del consejo de administración de la compañía.

La Fiscalía pide al consejo de Spanair 72 millones de euros por retrasar casi cinco meses la presentación del concurso, pese a conocer que la sociedad era insolvente, una decisión de la que también responsabiliza a la Generalitat, lo que agravó la situación de la compañía.

El fiscal ha calificado el concurso de culpable y cree que el pago del total de esta cantidad corresponde a todos los miembros del consejo, presidido por Ferran Soriano, salvo a uno de ellos, Karl Mats, que sólo debe responder de hasta 6 millones por haber renunciado a su cargo de consejero antes.

Mañana se realizará el interrogatorio a los demandados, entre ellos, al expresidente de la compañía Ferran Soriano y a los miembros del consejo de administración de la misma, y las declaraciones testificales.

El miércoles 9 de julio se ratificarán las declaraciones de los informes de los peritos y el día 10 de julio la defensa y el fiscal expondrán sus conclusiones.

El 27 de enero de 2012, la compañía cesó su actividad dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros y el 30 de enero Spanair presentó concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 474 millones y anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 2.075 trabajadores.

El órgano de dirección de la compañía estaba formado Soriano, Benny Zyrisson, Miquel Martí Escursell, Josep Mateu, Jordi Rafael Bagó, Josep Maria Benet, la filial de Turisme de Barcelona Iticsa -que estuvo representada por Joan Gaspart-, Fira de Barcelona -representada por Agustí Cordón-, Catalana d''Iniciatives -representada por Manuel Albanell-, Michael Balint, Karl Mats y Avançsa.

El 30 de enero de 2009, la nueva sociedad Iniciatives Empresarials Aeroàutiques, participada por instituciones y empresarios catalanes, se hizo con Spanair al adquirir al grupo SAS el 80,1 % de Spanair, con el objetivo de crear una aerolínea catalana que potenciase los vuelos intercontinentales en el aeropuerto de El Prat.

Las pérdidas de la compañía, la imposibilidad de encontrar a un socio financiero y la investigación de Bruselas sobre las ayudas públicas a la aerolínea determinaron su cierre.