El Parlamento de Canarias aprobó este martes, sin el apoyo del Grupo Popular, la Ley Canaria de Educación no universitaria, por la que se configura el nuevo sistema educativo de las islas a raíz de una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por más de 35.000 firmas que entró en la Cámara en 2010.

Uno de los principios de este sistema educativo será la calidad, entendida como garantía de "la equidad y la excelencia", así como el aporte de medidas para evitar que las desigualdades económicas y sociales limiten las oportunidades de aprendizaje. Asimismo, se recoge en la Ley "la mejora continua de los centros y servicios educativos; así como la educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad".

La Ley canaria de Educación no universitaria, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2014, consta de un preámbulo, siete títulos, setenta artículos y un conjunto de disposiciones generales destinadas a facilitar la implantación de la ley.

El vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez ha calificado como "hito histórico" la aprobación de la ley, y ha dicho que la fragmentación territorial y las condiciones específicas de las islas "justifican la necesidad de un texto que convierte las singularidades en fortalezas".

"Esta Ley marca uno de esos momentos en los que los pueblos forjan su futuro. Con este texto la sociedad canaria apuesta por el progreso y por un horizonte esperanzador, que se alcanzarán gracias al amplio conjunto de planes de mejora del sistema educativo que permite poner en marcha esta normativa", ha indicado.

Su objetivo, ha explicado el consejero, es facilitar que el sistema educativo pueda contribuir activamente a desarrollar un modelo social y económico inteligente y sostenible, orientado hacia una mayor cohesión social en las Islas.

Su aprobación ha obtenido un amplio consenso social y político, como demuestran el Dictamen de la Comisión de Estudios del Parlamento de Canarias y el documento de Acuerdo del Consejo Escolar de Canarias para un Pacto por la Educación, así como la propia Iniciativa de 2010..

El texto establece la necesidad de que el Gobierno autonómico y las corporaciones locales coordinen sus actuaciones, pudiendo establecer convenios que permitan la delegación de competencias de gestión de determinados servicios educativos en municipios, con el fin de lograr la mejor coordinación y control social en el uso de los recursos.

La Ley incorpora además nuevos entornos digitales que facilitan el aprendizaje, con un espacio virtual único, a recomendación de la Unión Europea. Asimismo, incorpora un nuevo ordenamiento de los espacios físicos tradicionales, definiendo el concepto de mapa escolar e incorporando tres nuevos espacios: las Áreas Territoriales (islas), los Distritos escolares y las Zonas educativas.

La escuela canaria definida por la Ley es, informa el Gobierno, "inclusiva, respetuosa con las diferencias y comprometida con una equitativa distribución de las oportunidades de aprendizaje", con una orientación hacia la modernización tecnológica y el aprendizaje.

La ley reconoce, asimismo, la libertad de enseñanza del profesorado, reconociendo su autonomía, a la vez que favorece su promoción profesional sin necesidad de cambio del cuerpo docente al que se pertenece.

La iniciativa ha sido rechazada por el grupo Popular ya que, según ha dicho su diputada Maribel Oñate, se trata de un fraude porque se ha cambiado el texto durante la tramitación parlamentaria.

Los representantes de los grupos Mixto, Nacionalista y Socialista criticaron al PP por votar en contra, y la popular Maribel Oñate expresó su apoyo a la iniciativa legislativa popular, para añadir que si vota en contra es porque se trata de un texto "sectario" del modelo socialista "más rancio" al que ha apoyado CC.

Para Maribel Oñate la ley aprobada hoy es un fraude porque no es un desarrollo de la iniciativa legislativa sino su sustitución, afirmó, para reclamar su derecho a discrepar, mientras que para los diputados del resto de grupos el texto aprobado es de todos los ciudadanos y no de un partido ni del gobierno regional.

La diputada del grupo Popular reiteró sus críticas al pensamiento único y en que se trata de una ley "plúmbea que es más de lo mismo y repite los derechos que ya tenemos", y preguntó qué prisas tiene el consejero de Educación, José Miguel Pérez, para aprobar esta iniciativa.

El diputado del grupo Nacionalista Canario Nicolás Gutiérrez subrayó la importancia de que se apruebe esta ley en un momento en el que se ponen en duda los servicios básicos para los ciudadanos, e insistió en la importancia de que con el texto aprobado se dice al Gobierno canario que en la inversión en esta materia tiene que llegar al cinco por ciento del Producto Interior Bruto canario.

Nicolás Gutiérrez recordó que el Gobierno canario rechazó en un primer momento la tramitación de la iniciativa legislativa popular, si bien después rectificó y apuntó que los avances de la educación en Canarias tienen su punto de partida en la transferencia de las competencias.

El diputado nacionalista también se refirió a la falta de infraestructuras educativas en las islas y los cambios y avances que se han producido .

Gutiérrez negó que durante la tramitación de la iniciativa se haya dado la vuelta al texto inicial y afirmó que se podía haber presentado una enmienda a la totalidad por parte de CC y PSOE, pero se decidió trabajar enmiendas para encajarlas en la propuesta, a pesar de que era más complicado.