La aprobación de la primera ley canaria de educación despertó ayer una expectación en el Parlamento autonómico que rara vez suelen generar en la Cámara los asuntos educativos. Exconsejeros del área, representantes de los sindicatos docentes y de las organizaciones de familias y de alumnos se reunieron para presenciar lo que el actual vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, describió como "un momento histórico".

Como se esperaba, la norma -que desarrolla una iniciativa legislativa popular (ILP) con más de 35.000 firmas- sale adelante con el apoyo de los grupos socialista, nacionalista canario y mixto, autores de las enmiendas a la ILP que conforman el texto definitivo, y con la oposición del PP. Aunque lamentó la falta de apoyo de los populares, Pérez celebró que la ley surgiese como resultado de "un consenso social evidente".

Sin embargo, algunos de los afectados -CCOO, la federación de asociaciones de padres de Tenerife (Fitapa) y la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca)- no comparten esta visión y, en una rueda de prensa celebrada antes del Pleno, aseguraron que "no se ha contado con las familias, con el alumnado ni con el profesorado". Entienden que para aprobar la ley hubiese sido conveniente esperar a que fragüe el pacto social y político por la educación que está coordinando el Consejo Escolar de Canarias por encargo del propio Gobierno. Los reparos no se limitan a las formas: la norma consiste, a su juicio, en un conjunto de "recomendaciones, principios o directrices" sin demasiada concreción.

La recién nacida ley -que empezará a aplicarse el próximo curso- define la educación como "un servicio público esencial" -"cosa que la Lomce no ha hecho", apostilló Pérez-, establece la "corresponsabilidad" y cooperación de los actores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y hace una referencia especial al papel de lo digital en el aula.

También -y gracias a sendas enmiendas de Nueva Canarias- refuerza el bilingüismo y dedica un considerable espacio a las políticas de inclusión y de atención a la diversidad. "La ley aporta estabilidad al sistema educativo y consolida su mayor logro: la equidad", destacó el consejero.

La puesta en marcha de la norma coincide en el tiempo con los primeros momentos de aplicación de la Lomce. De hecho, la intención del Ejecutivo canario es paliar sus efectos negativos. La misma definición de la educación como servicio público esencial se dirige a ello, recordó Pérez. En cuanto a las medidas concretas, el consejero resaltó que la ley aprobada ayer "recupera la participación" de la comunidad educativa a través de los consejos escolares de centro, a los que la norma nacional "les corta las alas".

¿Supone eso que los consejos tendrán carácter decisorio en las Islas pese a que la ley Wert rebaja sus funciones a lo consultivo? Pérez avanzó que así será -en el texto se los define como órganos de gobierno y participación de la comunidad educativa-, aunque indicó que se ha hecho de tal modo que "no habrá colisión con la Lomce", tanto que se mostró seguro de que el Estado no planteará recurso ante el Constitucional.

Durante el debate parlamentario, la portavoz del PP en educación, Maribel Oñate, atacó con dureza la ley, que calificó de "fraude" al "dar el cambiazo" a la ILP -cuyos principios dijo compartir- para "imponer un texto sectario que solo representa lo más caduco del socialismo". El escaso énfasis en la excelencia y el empleo -"la palabra solo aparece una vez", observó- son otros de los motivos en los que los populares fundamentan su rechazo.