La cultura de la mediación y la resolución pacífica de los conflictos que se generen en los centros escolares tienen ya el respaldo de una norma legal. La Consejería de Educación ha publicado hace solo unos días la orden que regula el procedimiento de mediación en el ámbito educativo, que prevé, entre otras cosas, que los centros deben aprobar el correspondiente servicio antes de que hayan transcurrido cuatro cursos.

La orden es el desarrollo del decreto de convivencia que el Gobierno regional aprobó en 2011, y ha sido recibida por los representantes de la comunidad educativa, y en particular por el profesorado, con una mezcla de satisfacción y cautela. Así, el Consejo Escolar de Canarias (CEC) ha advertido en un reciente informe de que la eficacia de la medida descansa en "el voluntarismo de un profesorado sobrecargado con un sinfín de tareas y con escasa disponibilidad horaria".

Sin embargo, la coordinadora del programa de Convivencia de la Consejería, Rita Ojeda, asegura que la figura del responsable de este servicio "va a ser considerada en la distribución de tareas" y avanza que en las instrucciones de principio de curso se recogerán aspectos como el horario específico para los docentes que se involucren en esta labor, al tiempo que recuerda que durante los dos últimos años se ha impartido formación para acreditar al profesorado en tareas de mediación.

La cultura de la mediación para la resolución pacífica de conflictos se encuentra "bastante generalizada" en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma. "Desde el curso 2001-2002 se desarrollan proyectos de mejora de la convivencia que incluyen la mediación", precisa. Y si algún centro aún no estuviera preparado, dispone de esos cuatro años para hacerlo.

A Pedro Crespo, presidente del sindicato docente ANPE, la medida le parece positiva, pero es muy crítica con la forma en que se ha diseñado y organizado. "No se puede plantear con carácter obligatorio, porque aunque la mediación es una buena estrategia para evitar y resolver conflictos, no es la única", argumenta. El dirigente sindical no entiende que se imponga este modelo cuando en algunos centros "tienen en marcha otras medidas que funcionan".

Crespo enmarca el comportamiento de la Consejería en este aspecto con lo que considera su proceder general durante este periodo: la falta de diálogo y la "imposición", una característica esta última que no casa con la filosofía de conceder más autonomía a los centros escolares.

Según la orden publicada, la mediación debe estar inspirada en tres principios: intervención mínima, reparación "responsable" del daño causado y mutua satisfacción con el acuerdo alcanzado. La participación en el procedimiento será voluntaria.

El responsable del servicio será un miembro del personal docente elegido por el consejo escolar del centro a propuesta de la dirección y deberá estar acreditado. Su equipo podrá estar integrado por componentes de los diferentes sectores de la comunidad educativa -profesores, padres, alumnos y personal no docente-, aunque en el caso de los estudiantes solo participarán a partir del tercer ciclo de Primaria y con autorización de su representante legal.