Un total de 98 vigilantes de seguridad de la Universidad de La Laguna (ULL) tienen pendientes de cobro nóminas y horas extraordinarias que suponen un mínimo de 4.400 euros por cabeza, es decir, cerca de 500.000 euros.
La razón es el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria de la seguridad (Machín Seguridad SL), que ya no presta el servicio, después de que la propia ULL haya decidido resolver el concurso, tras tener conocimiento de los problemas de gestión.
Según detallaba ayer el portavoz del sindicato Comisiones Obreras en este asunto, José Fernando Maceda, "la empresa se quedó sin liquidez hace tiempo y tiene pendientes varios embargos de la Seguridad Social, entre otros, así que el agujero económico que tiene es muy considerable".
Aunque la totalidad de los empleados han sido subrogados y actualmente cumplen con sus servicios en la nueva concesionaria de la seguridad de la ULL (Castellana de Seguridad), los trabajadores aún no han percibido la paga extraordinaria de marzo, una parte del sueldo del mes de mayo -que no fue abonado en su totalidad-, un monto de horas extraordinarias realizadas por muchos trabajadores en el pasado año (2013) y el sueldo del mes de junio".
El problema es que Machín Seguridad ha cerrado sin previo aviso la única sede que tenía en La Cuesta (Tenerife) y, según el sindicato CSI-F, "sin haber ni siquiera entregado parte de la documentación a varios trabajadores que aún esperan para poder obtenerla".
De tal manera que el único teléfono y dirección que ahora mismo figura es el de Puerto del Rosario (Fuerteventura), sin que ayer se pudiera localizar a nadie allí.
"Yo lo he intentado también en varias ocasiones y es imposible localizar a nadie de esa empresa. Es algo muy feo", alertaba ayer el portavoz de CCOO, para el que no restan ya más soluciones que llevar el asunto a la Justicia.
"Ya hemos comunicado la situación a la Inspección de Trabajo y al Tribunal Laboral de Canarias para que haya una conciliación, pero eso es poco probable que suceda, así que se tendrá que abrir un proceso judicial para devolverles a estos trabajadores lo que les corresponde", confirmaba ayer Maceda, que considera que la ULL "no ha tenido sensibilidad en este asunto".