El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el proyecto de Ley sobre Tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias.
El documento busca agilizar la tramitación en las Administraciones Públicas canarias de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias, y la regulación de las circunstancias que determinan la consideración de inversiones de interés estratégico y el procedimiento para su declaración.
El Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos se creó con el fin de asegurar el seguimiento y la coordinación de la actuación administrativa en relación con las inversiones y proyectos que por su carácter estratégico para Canarias se consideran que deben ser objeto de una especial atención, señala el Gobierno en una nota.
Cabe señalar que desde "prácticamente" el comienzo de la actual crisis el Parlamento y el Gobierno de Canarias implementaron medidas dirigidas "precisamente a simplificar la tramitación administrativa de las iniciativas inversoras y empresariales" con el fin de hacer "más competitiva" la economía canaria. Estas acciones, añade, han logrado reducir a la mitad el tiempo de tramitación necesario para poder en marcha una actividad.
Por tanto, el mencionado proyecto de ley recoge el amplio consenso acerca de los inconvenientes que puede representar un exceso de regulación y burocracia administrativa, en la medida en puede desmotivar o desincentivar la inversión y, por consiguiente, la generación de riqueza y empleo.
Además, el Consejo de Gobierno también aprobó destinar 2,6 millones de euros para las anualidades de 2015 y 2016 a fin de crear el Registro de Viviendas Deshabitadas, organismo de ámbito autonómico "básico" para el control y seguimiento de las viviendas que hayan sido declaradas como tal. El registro dependerá de forma directa del Instituto Canario de la Vivienda.
El Ejecutivo también aprobó ayer enviar al Consejo Consultivo el proyecto de decreto que regula la Organización y Funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, solicitando informe por la vía de urgencia. Es el primero de los dos decretos que requiere el desarrollo de la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana para habilitar la convocatoria de consultas a la ciudadanía.