Durante los meses de veranos los dos colegios de trabajadores sociales de las Islas (el de Santa Cruz de Tenerife y el de Gran Canaria) trabajarán a destajo para recabar toda la información suficiente y hacer propuestas destinadas a paralizar el proyecto de reforma de la Ley de Servicios Sociales de 1987 en el que trabaja el Gobierno de Canarias y evitar que sea aprobado el borrador actual. La principal razón es que el nuevo texto legal no se refiere en ningún momento al carácter público de los servicios sociales.
Para los trabajadores sociales el proyecto de reforma elaborado por la Consejería de Políticas Sociales introduce una novedad "muy peligrosa", omitiendo la palabra público.
"Esta norma va a regular todos los servicios sociales y estamos de acuerdo en que hace falta porque la actual ley está obsoleta, ya que es de 1987, pero el nuevo texto omite completamente el concepto de servicio público, abriendo la puerta a que sean las empresas las que los presten y no las administraciones", explica la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Iris Gómez, que asegura que es algo que "preocupa y mucho" a los profesionales por la repercusión que ello puede tener en la calidad de los servicios e incluso en el acceso a los mismos por parte de la ciudadanía.
"La nueva norma se apoya en la Ley de Racionalización del Estado y prevé quitar las competencias a los ayuntamientos para dárselas a los cabildos, pero no contempla ningún tipo de partida presupuestaria ni criterio de financiación. Solo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes seguirían teniendo sus propios servicios sociales pero, ¿qué pasará con el resto?. ¿Significa esto que un vecino de El Tanque, por ejemplo, tendrá que trasladarse a Icod o La Orotava o incluso Santa Cruz para pedir una ayuda básica cuando quizás no tiene ni para pagarse ese traslado?, se pregunta Gómez, para la que la clave está en las negociaciones que actualmente está teniendo el Gobierno canario con los cabildos.
"La mayoría de los cabildos no están de acuerdo con el planteamiento de la ley, pero es algo que sabemos de oídas porque desgraciadamente no se cuenta con los colegios para nada y no hemos sido invitados a ninguna reunión. Solo tendremos presencia en el Consejo Social y para preparar muy bien ese momento hemos creado una comisión de trabajo para analizar el borrador de la ley y hacer todas las aportaciones posibles que podamos en defensa del mejor servicios para los usuarios y del trabajo de los trabajadores sociales, de los que tampoco se habla en la ley", sentencia Iris Gómez.