La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, y el director del Servicio Canario de Empleo, Alejandro Martín, explicaron ayer que el cheque trabajo, la medida que da a los parados la posibilidad de bonificar con hasta 4.500 euros al empleador que los contrate -según qué condiciones-, tiene un plazo de tramitación superior al de la vigencia de la propia medida.

Las solicitudes -que el lunes eran ya más de 2.300- se pueden presentar hasta el 15 de septiembre. Desde esa fecha, el SCE tiene dos meses -hasta el 15 de noviembre- para examinar la petición y notificar su decisión, pero la medida acaba el 31 de octubre -fecha tope en la que el desempleado debe ser contratado para que un empleador pueda cobrar la bonificación-.

El motivo de este llamativo solapamiento de las fechas es, según explicó Luengo, que el Gobierno canario debe agotar el dinero que tiene asignado para las ayudas y subvenciones de las políticas activas de empleo -el cheque trabajo es una de ellas- en octubre a más tardar. De lo contrario, advirtió, el Ejecutivo perderá esos fondos, por lo que parece que la iniciativa se puso en marcha contrarreloj.

Tanto Luengo como Martín aseguraron varias veces que el SCE examinará las solicitudes antes del límite de los dos meses. "No se agotará, ni mucho menos, el plazo", prometió el director del ente, mientras que la consejera afirmó que las resoluciones saldrán antes del 15 de octubre -dentro del primer mes y a 15 días de acabar la validez de la medida-.

Tras la ampliación de la partida del cheque trabajo de 500.000 euros a dos millones -aumento presupuestario que Luengo asegura que no va en detrimento de ningún otro programa porque se nutre de "fondos disponibles" que ya tenía el Ejecutivo-, el Gobierno replicó ayer a los sindicatos -que se han mostrado críticos con esta iniciativa- que habrá un "control" de su aplicación y que, en función de los resultados obtenidos al término de su vigencia, se podrá volver a implantar en 2015, pero no durante unos meses -como esta vez-, sino durante todo el año.

En principio, Luengo espera que esta ocasión beneficie a unos 800 parados y espera que sea un "éxito", aunque no lo asegura.

En cambio, los dos principales sindicatos de las Islas, CCOO y UGT, no comparten su diagnóstico y recuerdan que el Gobierno ya intentó aumentar las contrataciones subsidiando parte de la seguridad social a sus empleadores, pero los resultados fueron "malos". "Esta vez tampoco, así no", auguran.

La polémica a cuenta del cheque trabajo no hace sino crecer. La semana pasada, cuando la consejera anunció la medida, los sindicatos -y algunos empresarios- criticaron que el Ejecutivo la pusiera en marcha sin haber hablado con ellos antes. Luengo replicó entonces que ambos la conocían porque el Consejo General de Empleo (CGE) -donde participan las tres partes- así lo había aprobado en abril, zanjando la controversia.

Pero la consejera insistió ayer en que los agentes sociales, que siguen criticando la medida y la consideran como un simple "parche" -según el secretario de Políticas Institucionales de UGT, Pedro Martínez- y que consumirá un dinero que estaría mejor empleado en los acuerdos de la concertación social que comenzarán a negociar el próximo mes -según el portavoz de CCOO, Carmelo Jorge-, sí estaban al tanto por haberla consensuado en el CGE.

Aunque es cierto que hay una certificación del SCE de ese mes donde consta que las bases del programa se informaron "favorablemente", no dice que asistieran los sindicatos. El problema es que tanto CCOO como UGT aseveran que no han asistido a ninguna reunión del organismo desde enero-incluidas las de abril-, lo que contradice a la consejera.