La campaña de control de herbívoros sueltos y asilvestrados en La Gomera ha concluido con la eliminación de 143 animales, 72 ovejas y 71 cabras, de los cerca de 2.000 que se estima existen en la isla. Un total de 87 de estos animales fueron abatidos en el parque natural de Majona, 23 en la reserva natural integral de Benchijigua y 33 en el monumento natural del Lomo del Carretón.

Así lo informó hoy el jefe de la Unidad de Medio Ambiente y coordinador de los trabajos encomendados a Tragsa, Javier Seijas, durante un pleno extraordinario solicitado por toda la oposición ante la repercusión social que ha tenido la aparición de animales muertos.

Javier Seijas recordó que la actuación ha consistido en 25 jornadas de batidas para las que se utilizaron "balas de muerte" que "revientan en el momento que tocan la pieza y ocasionan el fallecimiento inmediato".

El técnico explicó que en las inspecciones realizadas se detectaron dos cadáveres en lugares cercanos a pistas de Majona y seis más en zonas alejadas.

En Benchijigua no se detectaron restos de animales, y en el Lomo de Carretón se localizaron 7 cadáveres y se pudo constatar "una especie" de matadero ilegal.

Se da la circunstancia de que los animales de dos de los cadáveres encontrados murieron de forma natural ya que no presentaban heridas de balas, señaló.

Un total de 18 cadáveres se llevaron al complejo medioambiental de El Revolcadero.

Para el biólogo de la unidad, Pedro Romero, la presencia de animales muertos en el territorio no es perjudicial para el medioambiente ya que "los herbívoros abatidos están en general sanos y hay aves que lo agradecen".

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, estimó que "el problema no es que haya animales muertos sino sueltos" y anunció que "vamos a potenciar por diez las batidas de animales".

A su juicio, si aparecen animales muertos al lado del camino y no por balas es que "alguien los lleva para hacerles la foto y que salga en los medios para erosionar".

La consejera de Desarrollo del Territorio, Ventura del Carmen Herrera, defendió la continuidad de las actuaciones durante todo el año, excepto en época de caza, y apostó por cerrar los espacios durante un mes.

Avanzó que se reiterará la petición de colaboración a ayuntamientos y Dirección General de Ganadería, se "georeferenciará" cada uno de los animales abatidos y reforzará el control en el transporte.

"La muerte de 72 ovejas y 71 cabras nos ha salido cara, 18.000 euros", afirmó el consejero del PP, Javier Trujillo.

Trujillo abogó por llevar a cabo un estudio de capacidad de carga ganadera, reglar el sector, realizar una acción integral en toda la isla en cooperación con los ayuntamientos y por crear una comisión de trabajo.

El consejero de CC, José Pérez Maceda, apostó por intentar realizar la captura y sacrificio de los animales con el menor sufrimiento posible y advirtió de probables riesgos para la salud por la presencia de cadáveres cerca de los acuíferos.

El consejero de CCN, Pedro Medina, coincidió en la necesidad de llevar a cabo una actuación integral en el territorio y calificó de "impresentable" la gestión realizada desde que aparecieron los animales muertos.