La consulta popular que el Gobierno de Canarias tiene intención de convocar sobre las prospecciones petrolíferas se realizará, como pronto, a principios de noviembre, señaló ayer el consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, y no en octubre, tal y como informó ayer este periódico tras consultar al comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno autonómico, Fernando Ríos, quien apuntó que el Ejecutivo baraja, por una parte, acortar el tiempo del informe consultivo sobre el decreto que contempla la consulta -lo que aceleraría el proceso-, así como también modificar su texto para reducir el plazo para llevarla a cabo una vez aprobada la norma -que ahora es de un mes-, pero que podría abreviarse a semanas, por lo que se podría celebrar a finales de octubre.
En todo caso, señaló Spínola, la tramitación por el procedimiento de urgencia de los decretos que van a posibilitar la consulta reducirá todos los plazos a la mitad y la intención del Gobierno de Canarias es llevarla a cabo antes de que la compañía Repsol comience las exploraciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, ya autorizadas por el Gobierno central en contra del criterio del Ejecutivo autonómico, el Parlamento de Canarias y los cabildos y ayuntamientos de esas dos Islas.
Spínola sostiene que, como finalmente no se optó por un referéndum -modalidad que solo puede autorizar el Estado-, sino por una consulta ciudadana, el procedimiento no se rigen por la normativa electoral.
El Gobierno canario no podrá preguntar directamente a los ciudadanos su opinión sobre las prospecciones porque la consulta debe ser sobre asuntos en los que la comunidad tenga competencias -la autorización de sondeos compete al Estado-, pero sí se podrá redactar una pregunta que relacione los sondeos con materias en las que Canarias sea competente, como el turismo o el medio ambiente.