La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado la suspensión de dos obras que se llevan a cabo en zonas protegidas de La Gomera, concretamente en Valle Gran Rey y Vallehermoso.

Según el Boletín Oficial de Canarias (BOC), una de las obras se ejecuta en el lugar denominado "El Guro" en el interior del espacio natural protegido del parque rural de Valle Gran Rey.

Los trabajos consisten en la rehabilitación de una vivienda de dos alturas y de unos 60 metros cuadrados de superficie cada una, sin licencia urbanística ni calificación territorial.

La Apmun también ha ordenado la suspensión de las obras que se realizan en El Cercado, Vallehermoso, en el interior de la zona periférica de protección del Parque Nacional de Garajonay.

Se trata de la construcción de una edificación con bloques de hormigón de dos alturas con una superficie de 96 metros cuadrados cada una de ellas, sin contar con los preceptivos títulos habilitantes.

En ambos casos, la Agencia resuelve proceder al precinto de las obras, y en su caso, de la maquinaria y materiales.

Advierte de que el incumplimiento de la orden dará lugar a la retirada de la maquinaria y materiales, cuyos gastos correrán a cargo de los promotores.

Además, mientras se persista, se impondrán hasta diez multas coercitivas, impuestas por períodos de diez días y en cuantía, en cada ocasión, del 5 por ciento del coste de las obras y, en todo caso y como mínimo, de 601,01 euros.

También se pondrán los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal por ser presuntamente constitutivos de un delito tipificado en el código penal.

La Apmun advierte, igualmente, de que el incumplimiento de la orden de suspensión o del precinto de las obras puede ser constitutivo de circunstancia agravante o de infracción muy grave sancionada con una multa de 150.253,03 euros a 601.012,10 euros.

Requiere a los afectados que en el plazo de tres meses insten la legalización de las obras y les recuerda que si repusieran por sí mismos la realidad física alterada a su estado anterior tendrán derecho a la reducción de un noventa por ciento de la multa.

La Agencia, asimismo, requiere a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable a la no concesión del suministro de los servicios.

Contra los actos cabe interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses.