La autorización del Ministerio de Industria a las prospecciones petrolíferas de la compañía Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura es, a juicio del Gobierno regional, una nueva muestra de "desprecio hacia la ciudadanía y las instituciones democráticas" de Canarias, entre otras razones porque se llevó a cabo "sin que ni siquiera se haya contestado a una de las miles de alegaciones que han formulado los ciudadanos, los colectivos medioambientales y las instituciones del Archipiélago".
Así consta en la comunicación que el Ejecutivo regional trasladará el próximo 4 de septiembre al Pleno del Parlamento autonómico, cuyo respaldo intentará recabar para dar fuerza a un nuevo recurso ante los tribunales. El texto insiste en que tanto la resolución del 11 de agosto como la documentación técnica y ambiental del proyecto y su declaración de impacto "presentan tales carencias, deficiencias, contradicciones e incertidumbres, que vician todo el procedimiento de nulidad, por lo que, en el mejor de los casos, se debería retrotraer las actuaciones para la realización de un nuevo trámite de información pública que subsane dichas deficiencias".
Entre estas irregularidades, el Gobierno cita que la resolución de Industria, cuyo titular es el canario José Manuel Soria, "no recoge ni tiene en cuenta ni una de las alegaciones realizadas por más de 11.000 ciudadanos, colectivos científicos e instituciones durante todo el largo procedimiento", lo que, según la comunicación, vulnera la normativa vigente.
Además de referirse a la emisión "extemporánea" de la declaración de impacto ambiental -que considera que hubiera debido producirse después de la elaboración de más informes-, de denunciar sus "graves omisiones" y de advertir de que no se puede descartar la afección de los sondeos a cetáceos presentes en aguas cercanas, el Gobierno regional cree ver una "contradicción" entre los últimos actos administrativos del Estado y una resolución anterior -la fecha en diciembre de 2007- en la que se "establecía la prohibición de actividades que incluyan el uso de sonares activos (...), especialmente los utilizados en maniobras militares, actividades de prospección o explotación petrolera o de gas o estudios sísmicos u oceanográficos que incluyan dichas emisiones".
Sin embargo, el Ejecutivo canario incurre en un error y da rango de resolución a lo que es un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2011 que recomienda prohibir tales actuaciones.
La comunicación que se abordará en la Cámara regional insiste en el "distinto rasero" con que el Estado trata a Canarias y a Baleares, también inmersa en la polémica por un proyecto de exploración de hidrocarburos que no ha sido aprobado. El texto alude a una declaración del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien afirmó que no habrá prospecciones en el archipiélago mediterráneo "si hay el más mínimo indicio de daño al medio ambiente". "Sobre Canarias, ni la más mínima mención", apostilla el Ejecutivo autonómico. Esta actitud "está provocando una auténtica indignación en ciudadanos, colectivos e instituciones", apostilla.
Nueva ronda de contactos con partidos y asociaciones
El Gobierno de Canarias reanudará en la primera quincena de septiembre sus contactos con formaciones políticas y organizaciones sociales con el fin de "mantenerles informados, así como para consensuar las distintas acciones a tomar". La comunicación del Ejecutivo al Parlamento inscribe esta iniciativa en la estrategia emprendida para "recabar la opinión de la ciudadanía canaria". Una segunda vía en este aspecto es la consulta que prevé celebrar en los próximos meses.
El reglamento de participación, a principios de octubre
El Gobierno "está ultimando la aprobación de los reglamentos de desarrollo de la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana", que establecen la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre asuntos de interés general para la Comunidad Autónoma. Dichos desarrollos, apunta la comunicación, estarán en vigor a principios de octubre.