El consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, afirmó ayer que las competencias de control de los buques que surcan el Archipiélago en alta mar son del Estado, y espera que se "persigan" los vertidos de los barcos -como en Gran Canaria este verano- y se investigue para pedir "responsabilidades".
En una comparecencia solicitada por el grupo nacionalista, dijo que hay un plan de contingencia de 2006 adaptado en 2012 a un real decreto nacional, si bien aclaró que son documentos que se utilizarían "cuando el desastre ya se ha producido".
Al ser Canarias Zona Marítima Especialmente Sensible, se limita el derecho de navegación, y el Archipiélago "es una de las pocas que hay en el mundo", señaló, al tiempo que advirtió del elevado riesgo que tienen las prospecciones, porque un derrame puede durar hasta 30 días.
Berriel lamentó que se "trivialice" la Ley de Aguas de 2010 ya que fija las "aguas canarias", y subrayó que, "como mínimo", cuando se autoricen unas prospecciones dentro del perímetro de las aguas territoriales, se cumpla esta ley. "No se puede obviar, como ha hecho el Estado. Que baje Dios y lo vea", indicó.
En este sentido, la diputada nacionalista María del Mar Julios recordó que varias playas se cerraron este verano en Gran Canaria por vertidos de los barcos que surcan las Islas.