El Gobierno apura la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas para lograr convocarla, tal y como se ha propuesto, antes de que Repsol inicie las labores de exploración en las aguas canarias. Tras la aprobación ayer de dos decretos genéricos, ahora intenta cerrar en los próximos días los trámites necesarios para llamar a la sociedad canaria a opinar sobre el asunto a través de una pregunta que versará, previsiblemente, sobre medio ambiente y turismo -materias de su competencia-, lo que podría tener lugar en unos 45 días.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Martín Marrero, informó al término de la celebración del Consejo de Gobierno de la aprobación de los decretos que regulan tanto las consultas en sí mismas como el registro de participación -que solo es obligatorio para las entidades ciudadanas- con el apoyo "unánime" del Consejo Consultivo de Canarias, lo que calificó como un "espaldarazo a la solvencia jurídica" de estas normas e insistió en repetidas ocasiones sobre la "certeza" del Gobierno acerca de la legalidad de su celebración y recomendó a quienes "pregonan" su ilegalidad -en alusión al PP- que se "replanteen" su postura.

Ya aprobado el marco normativo, el Ejecutivo autonómico tiene ahora que acordar -en un Consejo de Gobierno que puede ser el próximo ordinario o celebrar uno extraordinario para abordar este asunto- los términos de la pregunta que quiere formular -ya ha adelantado que la quiere consensuar con distintos colectivos- y, a continuación, el presidente regional deberá emitir la convocatoria a partir de la que tendrán que pasar 30 días para poder celebrar la consulta. Además, tiene que aprobar un segundo decreto que regulará los aspectos logísticos -lugar de celebración, recuento y otros asuntos relacionados-.

Por lo pronto, no hay una previsión en el calendario sobre cuándo se aprobarán ambos decretos sobre la consulta acerca de las prospecciones, pero dado que el Gobierno tendrá que dejar pasar esos 30 días entre el decreto de la convocatoria y su celebración, el Ejecutivo estaría en disposición de fijar la fecha de su realización en unos 45 días a partir de ahora, por lo que podría concretarse durante la primera semana de noviembre, muy cerca de la consulta de Cataluña sobre su soberanía, algo que podría influir en la decisión del equipo de Rivero a la hora de escoger el día exacto para llevarla a cabo. En todo caso, tendrá tiempo de sobra para cumplir su previsión de materializarla antes del 30 de noviembre.

Sobre el procedimiento, los decretos aprobados ayer establecen, por una parte, la posibilidad de que se pronuncien los ciudadanos que tengan a partir de 16 años de edad, excepto las que versen sobre asuntos de juventud, en cuyo caso el límite se rebaja a los 14 años de edad. Además, será posible pronunciarse a través de medios telemáticos, para lo que los interesados deberán inscribirse en el registro creado a tal fin.

Otros asuntos

  • El Gobierno de Canarias solicitará a la Audiencia Nacional que obligue al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a que convoque la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado -órgano que articula la transferencia de las competencias que corresponden al Gobierno regional- si antes del 9 de octubre, fecha en la que se cumplirán tres meses desde que el Archipiélago solicitó la reunión, no se llega a materializar el encuentro a fin de abordar la solicitud de las Islas sobre el traspaso de la competencia ejecutiva en materia aeroportuaria a la comunidad autónoma.
  • Cabe recordar que el Ejecutivo regional sostiene que el Estatuto de Autonomía de Canarias posibilita esa transferencia ante la privatización del 49% de AENA, al interpretar que con su venta parcial a particulares se produce un cambio en el modelo de gestión que, la Administración central, insiste en rechazar.
  • Además, el Consejo de Gobierno elevó al Parlamento, en forma de comunicación, la planificación de los locales de apuestas externas, incluida en la disposición adicional del proyecto de decreto que regula el reglamento de apuestas externas de la Comunidad Autónoma de Canarias. El paso de esta planificación por el Parlamento es un requisito legal establecido en la Ley de los Juegos y Apuestas.
  • Este proyecto de decreto regula las apuestas de lucha canaria y de cualquier otro acontecimiento deportivo, actividades de competición o de otra índole en las Islas, señalando los requisitos y documentos administrativos, técnicos, electrónicos e informáticos que deberán reunir las empresas operadoras para obtener la autorización previa, necesaria para la organización y explotación de las apuestas indicadas.