Al enfrentamiento abierto entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central sobre las polémicas prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago, se suma ahora un nuevo conflicto: la privatización de AENA.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife se han significado por su oposición frontal al modelo de enajenación que pretende articular el Ministerio de Fomento, invocando en última instancia la aplicación del artículo 33 del Estatuto de Autonomía que, en su punto 13, establece que correspondería a la Comunidad Autónoma la competencia de ejecución de "puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa".

El Pleno celebrado por la Corporación insular el pasado viernes aprobaba, con la oposición del Partido Popular, una nueva moción que se suma a otros acuerdos plenarios de 2008 y 2013, que insta al Gobierno central a paralizar la entrada de capital privado en AENA y mantener un modelo de cogestión participada por todas las administraciones, a fin de garantizar el carácter público de la entidad gestora de los aeropuertos.

Los nacionalistas de Coalición Canaria (CC) observan con inquietud el despegue de un proceso que, en su opinión, afectará al carácter de interés general del servicio, a la conectividad entre Islas y, sobre todo, por los perjuicios que representaría para el motor económico del Archipiélago: el turismo. De ahí que desde las instituciones isleñas se insista en demandarle a Fomento la reducción de las tasas aeroportuarias; subvenciones que incentiven la implantación de nuevas líneas aéreas o la modernización de las terminales, aunque siempre con escaso éxito.

En principio, Fomento plantea una operación en dos fases. En la primera, el Estado sacará al mercado el 49% del capital de AENA Aeropuertos -a partir de ahora solo AENA-, dividido en un 21% para grupos de inversores, por concurso cerrado, y el 28% restante mediante oferta pública de venta (OPV) con salida a Bolsa, reservándose el Estado una mayoría del 51% a través de un nuevo ente, llamado Enaire, como gestor del espacio, seguridad y tráfico aéreo.

Sin embargo, desde CC manifiestan serias dudas y perciben luces y sombras en un proceso que deja asuntos en el aire, como la indefinición de esa aparente mayoría que debe garantizar una gestión donde los argumentos de utilidad pública deben primar sobre el beneficio empresarial.

Hace solo cuatro años, AENA padecía quiebra técnica y, por el contrario, cerró el ejercicio de 2013 con unos dividendos de 597 millones. De fondo planea una segunda privatización, con aterrizaje previsto en 2018. Para entonces, el Estado no sería el socio mayoritario.

Manifestación sin fecha

Mientras a nivel nacional se ha fijado el 18 de octubre como fecha para protagonizar manifestaciones contra la privatización de AENA en todo el ámbito del Estado, las organizaciones sindicales con representación en Canarias meditan un cambio, por cuanto esta convocatoria coincide con la protesta ya programada sobre as prospecciones petrolíferas.

Reunión en Los Rodeos

El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Ricardo Sixto, se reunió ayer con los miembros de los comités de empresa de AENA de Los Rodeos y Tenerife-Sur. El parlamentario describió las acciones que su grupo plantea en defensa del carácter público del servicio aeroportuario. Los representantes de los trabajadores advirtieron de la amenaza que la inminente privatización supone para la red aeroportuaria de Canarias y la cohesión social, alertando de la probable desaparición de aeropuertos como los de El Hierro o La Gomera y la pérdida de un servicio público y socialmente rentable.