El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció ayer la pregunta que se pretende formular a los ciudadanos en una consulta sobre las prospecciones petrolíferas y, en este sentido, apuntó que esa cuestión consistirá en conocer la opinión de los canarios respecto a: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?". Tendrá lugar el 23 de noviembre.
Así lo indicó Rivero después del Consejo de Gobierno y tras mantener un encuentro con representantes institucionales, partidos políticos y colectivos ciudadanos. Podrán votar los residentes canarios mayores de 16 años -aunque no vivan en las Islas- y las entidades y personalidades jurídicas que se inscriban en el Registro de Participación Ciudadana, y se hará de forma telemática o personalmente.
En todo caso, el subsecretario de Industria y Energía, Enrique Hernández Bento, insistió ayer tras conocer los términos exactos de la pregunta que al estar vinculada a las prospecciones será recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional "tan pronto" el Gobierno canario publique el decreto de la convocatoria.
"Es un fraude de ley, la pregunta es mentirosa que parte de un supuesto falso", arremete Bento. "No es verdad que un pinzachazo que durará dos meses para investigar los recursos energéticos vaya a cambiar el modelo turístico y medioambiental y, además, no puede versar sobre un asunto fuera de las competencias autonómicas", añadió.
Pero Rivero apuntó que la pregunta está pensada "para que si hay alguna interferencia de tipo político en quien puede paralizarla cautelarmente, pues que la podamos ganar", señaló, si bien no prevé "ninguna decisión" del Estado que afecte al proceso.
El presidente enmarcó esta consulta popular en la Ley de Participación Ciudadana de 2010, cuyo desarrollo se impulsó con dos decretos publicados el miércoles pasado en el BOC que regulan el Registro de Participación Ciudadana y las consultas a la ciudadanía en asuntos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.
Rivero recordó que en febrero, el Parlamento aprobó "mayoritariamente" solicitar al Gobierno central un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas, posibilidad que recogen, en su opinión, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el propio reglamento de la Cámara regional.
Según el presidente, hay una "fractura" entre lo que piensa el Estado y la sociedad canaria "mayoritariamente" y las instituciones canarias, por lo que la consulta, subrayó, "encaja" con la Constitución y el Estatuto y remarcó el apoyo "unánime" del Consejo Consultivo de Canarias.
Rivero insistió en que las prospecciones "ponen en riesgo" el futuro de las próximas generaciones, y criticó la "falta de respeto" y el "desprecio" del Estado con Canarias, ya que no ha habido "lealtad" ni "diálogo" entre las instituciones cuando se trata de un asunto "relevante".
Para el presidente, es "constatable" que las prospecciones "ponen en riesgo" el turismo y el medio ambiente, principales elementos del modelo económico de las Islas, y de hecho, señaló que los propios estudios de la empresa advierten de que es una actividad "peligrosa". En su opinión, las prospecciones "entran en confrontación" con el modelo de desarrollo basado en el turismo y los valores naturales.
Sobre la respuesta que tendrá el Estado, dijo que la pregunta es "consistente" como para defender las competencias del Archipiélago y añadió que está "pensada" para que el 23 de noviembre haya consulta.
OTROS ASUNTOS
El consejo de Gobierno autorizó al Servicio Canario de la Salud (SCS) a interponer acciones jurisdiccionales contra el Ministerio de Trabajo e Inmigración (INSS) por la liquidación y reclamación de 2,4 millones de euros por gastos del convenio de colaboración para el control de la Incapacidad Temporal (IT) del ejercicio de 2011.
También aprobó el proyecto de decreto que regula el procedimiento para la integración en la condición de personal estatutario del personal funcionario sanitario que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias del (SCS).
Además, decidió iniciar la tramitación del decreto que regulará el contenido de los planes de defensa de las zonas declaradas como de alto riesgo de incendio en Canarias y los procedimientos para su aprobación y revisiones futuras.