La Audiencia de Las Palmas ha absuelto al exconsejero de Empleo regional Víctor Díaz y a los exdirectores del Icfem Diego León y Francisco Almeida del delito de prevaricación continuada del que se les acusaba por la supuesta concesión irregular de ayudas para cursos de formación profesional.

La sentencia, del denominado caso Icfem (Instituto Canario de Formación y Empleo), fue hecha pública ayer por la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas.

El fiscal anticorrupción Luis del Río solicitaba para Díaz y Almeida penas de seis años y medio y seis años de inhabilitación, respectivamente, para ejercer cargos públicos y de cuatro años y medio de inhabilitación para León.

La Fiscalía reclamaba en un principio penas mayores, pero las redujo por las dilaciones indebidas que entiende que se han producido en este proceso sobre hechos que se produjeron hace casi 20 años.

El tribunal también ha absuelto a los exdirectores del Icfem Francisco Zumaquero y Tomás Quesada de Saa, pues, aunque no se ejerció contra ellos acusación en el juicio, sí estuvieron en un principio imputados en la causa.

Según se argumenta en la sentencia, las irregularidades atribuidas a los acusados, a partir del informe que efectuó la Audiencia de Cuentas de Canarias, que fue germen del procedimiento, no pueden ser achacadas a los procesados.

A la vista de la prueba practicada, el tribunal señala dos circunstancias "evidentes": que la legislación era "sumamente ambigua" y que pudieron producirse irregularidades en la gestión del Instituto y, por lo tanto, en la de los "ingentes recursos públicos que fueron asignados ("no con demasiado éxito") para la formación, pero ninguna atribuible a los acusados.

De forma detallada, el tribunal rechaza las distintas acusaciones formuladas contra los acusados en cuanto a sus supuestas actuaciones irregulares en la contratación de los cursos, la falta de seguimiento de los objetivos en los contratos programas y en la inserción laboral comprometida, la subcontratación, las subvenciones específicas que se concedieron a determinados centros o empresas, y la actuación de Díaz como cooperador necesario, entre otras.

También expone la Audiencia Provincial que no existe constancia de que los acusados prevaricaran por omitir un informe de la letrada habilitada del Icfem, con fecha del 29 de diciembre de 1995, que aludía a irregularidades detectadas en los contratos programas que los acusados aprobaron, pues estos lo desconocían.

En cuanto a la falta de seguimiento del cumplimiento de los objetivos del contrato programa que se imputa a los acusados, el tribunal indica que Almeida este cesó en el cargo en junio de 1996, por lo que no tuvo tiempo para ejercer ese control.

En cualquier caso, el tribunal precisa que esa obligación de control era del Consejo de Administración, y que aunque los acusados formaban parte de él, no se puede olvidar la solicitud de sobreseimiento por parte de la Fiscalía para el resto de sus miembros.

En la sentencia se menciona la adecuada actuación del acusado León en su función de "vigía" del cumplimiento de las condiciones de las subvenciones concedidas para la formación, ya que presentó a la Fiscalía denuncias que dieron lugar a una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

CC celebra el fin del "calvario"

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, dijo ayer que la sentencia absolutoria del "caso Icfem" pone fin al calvario personal de personas cuya honestidad es intachable. Barragán, en un comunicado remitido a Efe, pidió que se modifique la legislación para evitar que los casos se eternicen y se estigmatice a inocentes, al mismo tiempo que ha lamentado el sufrimiento que han vivido los afectados por el denominado caso Icfem (Instituto Canario de Formación y Empleo). Estas declaraciones se producen después de que la Audiencia de Las Palmas absolviera al exconsejero de Empleo Víctor Díaz y a los exdirectores del Icfem Diego León y Francisco Almeida del delito de prevaricación continuada. "Este caso debe servir como referencia para que se acometa una modificación legislativa que permita que no se eternicen los casos judiciales y los afectados se vean sometidos a un constante escarnio público, pese a ser inocentes", aseveró el secretario general de CC, que lamentó el sufrimiento de los afectados y se congratuló de que "por fin, la absolución ratifique su honradez y su honestidad como gestores". "Estábamos seguros de su honradez y esta absolución sirve para disipar las dudas y las sombras sobre su gestión", concluyó.