La empresa pública del Gobierno de Canarias Visocan gestionará el alquiler de una bolsa de viviendas desocupadas de Bankia entre las personas con necesidades de vivienda que aportarán los ayuntamientos a través de la Fecam.

La consejera de Vivienda, Inés Rojas, el presidente de la Fecam, Ramón Plasencia y el director territorial de Bankia, David López, firmaron este viernes un convenio de colaboración para la aportación de viviendas destinadas al alquiler en el ámbito del programa de la bolsa de vivienda vacía.

El objeto del convenio será la colaboración entre Fecam; Visocan, dependiente de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, y la entidad financiera Bankia, para aportar a un fondo de viviendas en alquiler, que ayuden a promover el acceso a la vivienda a las familias que hayan perdido su vivienda habitual por un proceso de ejecución hipotecaria o de desahucio, o estén incursas en un procedimiento que implique su inminente lanzamiento o se encuentren en una precaria situación económica y social.

Todos los responsables destacaron la importancia de este acuerdo que permitirá conectar las necesidades de vivienda de las familias con más dificultades económicas y sociales con viviendas desocupadas.

"Esta firma con Bankia es un paso más en la política social que ha desarrollado el Gobierno canario en materia de Vivienda, y el primero tras la aprobación en el Parlamento de la nueva Ley de Vivienda de Canarias, en un nuevo modelo de trabajo con las entidades bancarias y con el objeto de buscar una solución a las familias en riesgo de exclusión", aseguró Rojas.

Rojas destacó también que el convenio se enmarca en la estrategia para hacer frente a la pobreza al igual que la modificación de la ley de Vivienda, aprobada con dos objetivos: "evitar el lanzamiento de familias en exclusión y conocer el parque de viviendas desocupadas".

El director territorial de Bankia, David López, resaltó el "compromiso social" de la entidad con la vivienda y en concreto con el Gobierno de Canarias, y detalló que el convenio contempla "la cesión de un total de 50 viviendas para el alquiler social a familias que hayan perdido su vivienda además de aportar un fondo de 50.000 euros para compensar el pago de las rentas a las familias que no lleguen".

"Acciones como esta -añadió-, son las formas idóneas de abordar la problemática que ha generado la crisis", y destacó que en la entidad "se está flexibilizando la situación de deudores hipotecarios con dificultades".

Como recoge el texto del convenio, la Fecam, a través de los ayuntamiento asociados, aportará un listado de solicitantes de acceso a la vivienda, a través de informes sociales.

ESPERAN QUE ESTE ACUERDO SE EXTIENDA

Su presidente, Ramón Plasencia, mostró su satisfacción porque se haya puesto a disposición de las familias esta bolsa de viviendas y destacó la labor que se desarrolla desde los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos canarios.

Por su parte, Visocan atenderá a los solicitantes propuestos por los ayuntamientos y realizará las labores de mediación tendentes a la búsqueda de una vivienda del fondo de viviendas aportado por la entidad, adecuada a las actuales circunstancias de las familias solicitantes.

La consejera destacó que las viviendas irán destinadas prioritariamente a las familias amenazadas por una ejecución hipotecaria o por impago del alquiler, y aludió al compromiso de Bankia, "el primero en firmar este acuerdo", y animó a que otras entidades financieras también se sumen a este modelo porque ganan "todos".

La renta del arrendamiento de las viviendas será, como máximo, de 4,7 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, y el importe a abonar por las familias no podrá superar el 12 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar, como recoge la Ley de Vivienda de Canarias.

La duración del contrato de arrendamiento será de un año, aunque con la facultad del arrendatario para su renovación anual hasta el plazo máximo de 3 años

El grupo de viviendas aportadas por Bankia se destinarán prioritariamente a atender a aquellos que cumplan los requisitos y darán prioridad a las familias solicitantes, en las que además, el deudor se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo, o sea mayor de 65 años, unidades familiares compuestas por personas mayores, cuya pensión constituya el sustento de la unidad familiar, familias con personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, familias numerosas, monoparentales con hijos y con menores de tres años a cargo, o unidades familiares de la que formen parte una mujer víctima de la violencia de género.