El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha afirmado este martes que la compra de vino foráneo no tiene restricciones legales, si bien ha garantizado que los de Denominación de Origen Protegida (DOP) están a salvo de estas prácticas.

En respuesta a varias preguntas parlamentarias sobre la compra de vino de La Mancha por parte de Bodegas Insulares de Tenerife --empresa participada por el Cabildo--, ha dicho que esas partidas se destinaron a la comercialización de vino de mesa, no protegido, bajo las marcas ''Viña Donia'', para el vino embotellado, y ''Tibisay'', para el ''bag in box''.

No obstante, ha dicho que los técnicos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) han constatado en su investigación que el etiquetado de la marca ''Viña Donia'' no genera "confusión" entre los consumidores en cuanto a su calificación y procedencia.

Hernández ha puesto como ejemplo de las labores de supervisión del ICCA, que el año pasado se abrieron tres expedientes de sanción, dos por mezcla de vino con mosto, y otro por usar una bodega etiquetas de una DOP inexistente.

En el caso concreto de la bodega de Guía de Isora, de Bodegas Insulares, ha asegurado que hay cuatro facturas por importe de 62.742,80 euros para la compra de 111.187 litros, y se comprobó la mezcla de vino sin DOP, y además, el envasado de vino procedente directamente de la Península y sin hacer ninguna mezcla.

Con todo, el consejero ha valorado la "importante labor" del ICCA en la promoción y fomento de los vinos de las islas, y ha remarcado que los consumidores deben estar "seguros" de que los vinos canarios "son de una calidad indiscutible", si bien ha reconocido que este caso "no está bien desde el punto de vista estético".

Por el Grupo Popular, Cristina Tavío ha lamentado la ''ausencia'' del consejero durante el conflicto de Bodegas Insulares, y ha criticado que se venda a los turistas ''vino canario'' sin que se produzca en las islas, tal y como ha ocurrido con la marca ''Viña Donia'', que según el Ministerio de Industria, ha dicho, está registrada como DOP.

Ha dicho que la operación de Bodegas Insulares es un "bochornoso espectáculo" porque se ha impulsado con el dinero "de todos los tinerfeños", y ha elevado el coste total hasta los dos millones de euros para adquirir unos 300.000 litros cuando hay más de 850.000 sin vender.

Román Rodríguez, del Grupo Mixto, no ha dudado de la legalidad de la compra de vino peninsular, pero ha señalado que "perjudica" a los bodegueros de Tenerife, genera "confusión" en los consumidores y hace un "daño importante" a la competencia.

DAÑO A LOS PRODUCTOS CANARIOS

Además, ha afirmado que el "plus de gravedad" viene motivado porque lo hace una bodega vinculada a una institución pública, y ha incidido en que es "evidente" el daño que se hace a la promoción de los productos canarios.

Por el Grupo Nacionalista, Flora Marrero ha mostrado su "apoyo" al modelo y el trabajo "impecable" de Bodegas Insulares, con más de 1.000 socios y cumpliendo un "importante" carácter social por la compra de uva a los viticultores --más de 3,2 millones de euros en tres años--.

No obstante, se ha mostrado "en contra" de la compra de vino peninsular para buscar una "solución técnica" a una partida de vino deficiente, y ha pedido una investigación profunda porque es un asunto "de la máxima gravedad".