La modificación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción -auspiciada por la consejera de Política Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas-, poco o nada tendrá que ver con el proyecto ideado por el Ejecutivo de Paulino Rivero, según se desprende de las enmiendas conjuntas que ayer presentaron en el Parlamento Coalición Canaria y el Partido Socialista.

Ambos grupos -que a su vez son los que sostienen al gobierno- han consensuado modificaciones sustanciales en el texto presentado inicialmente por Rojas para dejar sin efecto prácticamente todos los puntos que tanto los partidos de la oposición como los profesionales del trabajo social habían criticado por considerarlos "restrictivos".

Así, respecto a la duración de este tipo de ayuda básica, si bien originalmente se pretendía modificarla para que, tras cobrarla durante un año no pudiera volverse a solicitar hasta haber transcurrido un mínimo de 12 meses desde el último mes de la percepción, los grupos que sostienen al gobierno proponen que "se valorarán los casos de exclusión social de la unidad de convivencia a los efectos de prorrogar la ayuda. A estos efectos el ayuntamiento tiene la obligación de informar a los beneficiarios, dentro del mes décimo de la percepción, de la fecha de finalización del abono de la ayuda y la posibilidad de su renovación. El interesado la podrá solicitar un mes antes, mediante solicitud ante el ayuntamiento, que emitirá un informe sobre la idoneidad que será remitido a la Consejería, que podrá establecer la renovación.

Así las diputadas de CC y PSOE, Flora Marrero y Rosa Jerez, plantearon ayer que "se permitirá la prórroga de la PCI".

Sin embargo, desde el Partido Popular, la diputada Milagros Bethencourt considera que "el avance sigue siendo insuficiente". "Nada se dice de la renovación automática cuando resulta fundamental para aquellas familias en las que las causas de la exclusión no hayan mejorado tras percibir la PCI. Solo en 2013 hubo 2.100 solicitudes nuevas, pero las renovaciones fueron 2.600, ¿Qué va a suceder con estas personas?".

Sin embargo, el cambio más claro en el proyecto ley viene de la supresión de la disposición adicional única que establecía que se entenderían como denegadas las solicitudes que carecieran de cobertura presupuestaria.

"Está bien que eliminen este punto, pero si no se acompaña de otro que diga que se garantizará la financiación necesaria para cubrir todas las peticiones, no sirve de nada", insistió ayer Bethencourt.

En este punto coincidió el diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez, que afirmó no entender "para qué se modifica la ley si el mayor problema es que no hay dinero suficiente para al PCI y de eso no se dice nada. CC y PSOE tratan de eludir la crítica de la opinión pública, pero no entran en el fondo de la cuestión, y eso se va a ver dentro de un mes, cuando se sepa cuánto dinero se destinará a la PCI el próximo año".

En lo que ambos diputados de la oposición coinciden es en que las enmiendas de CC y PP "evidencian que Inés Rojas está sola y que por contar no cuenta ni con el apoyo de su propio partido".

La dependencia y la invalidez no computarán

PSOE y CC van más allá en la determinación de recursos de los beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y apuestan por que se eliminen del cómputo de los ingresos familiares las pensiones de invalidez y, por último, defienden que para ser beneficiario de la PCI, se amplíe la posibilidad de solicitarlo no solo por quienes lleven un año residiendo en Canarias, sino también por los que en los últimos cinco años hayan estado empadronados al menos tres.

Estas novedades se unen a la eliminación de la computación de las prestaciones económicas del sistema de la dependencia (se estima que en Canarias hay alrededor de 5.000 personas).

En el proyecto de ley defendido por Inés Rojas las pensiones no contributivas en su modalidad de invalidez sí que se tenían en cuenta como ingreso de la unidad familiar.

De prosperar las enmiendas de los grupos parlamentarios PSOE y CC, los complementos variables de la ayuda económica básica seguirán computándose en función de los miembros de la unidad de convivencia y no sólo de los menores, como propone el proyecto de ley. Asimismo, se perfila una serie de mejoras técnicas para dar garantías a los solicitantes de PCI, como la posibilidad de solicitar la ayuda por quienes estén en trámite de empadronamiento.

Igualmente se establece la obligación de remitir al Parlamento los informes de la Comisión Sectorial de Seguimiento y se regula un cauce para que los ayuntamientos puedan informar al Gobierno sobre situaciones estructurales o coyunturales en relación a la aplicación de la PCI.