Los dos abogados acusados de haber falsificado un sello para acreditar la presentación en fecha de 41 solicitudes al concurso de licencias de radio convocado por el Gobierno canario en 2010 afirman que fueron selladas en la oficina de correos Arucas (Gran Canaria).

Los dos letrados del bufete madrileño abogados Díez y Romero SL, que son matrimonio, se enfrentan a una pena de tres años de prisión por un delito de falsificación de documento oficial, según la acusación ejercita por el Ministerio Público y por el letrado del Gobierno canario.

Los dos acusados han afirmado hoy ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que personal contratado por ellos llevó los documentos a la oficina de correos de Arucas ante el "colapso" existente en el registro del Gobierno de Canarias el 30 de septiembre de 2010, día en el que se cerraba el plazo.

El jefe de oficina de Correos de Arucas ha afirmado que el sello corresponde a ese departamento, pero que esos envíos no se pudieron comprobar porque el resguardo M-11 solo se conserva seis meses y se les requirió por el juzgado posteriormente, mientras que el jefe de zona entonces ha afirmado que, si se efectuó, debió quedar registrado en el archivo informático y no constan.

Las conclusiones de los peritos que han analizado el sello son contradictorias, pues el de la Policía Nacional, que estudió el sello que figura en el escrito en el que se comunica el incidente del fax de la oficina de Arucas, afirma en su informe que es falso y que fue hecho con una fotocopia o mediante impresión láser, aunque hoy en la sala ha dudado y se ha ratificado en su informe.

El perito de la defensa, Cástor Iglesias, sin embargo, sostiene su autenticidad, tanto en las impresiones que figuran en ese escrito como en las 41 solicitudes presentadas por los acusados, que ha indicado que también analizó, y ha subrayado que el "sello es imposible de falsificar".

El acusado Jaime Rodríguez ha explicado que ante el gran volumen de solicitudes que presentaban y la posibilidad de no disponer del tiempo suficiente, porque el plazo para la presentación acababa ese día, el 30 de septiembre de 2010 a las 14.00 horas, se optó por enviarlas por correo, una posibilidad que se admitía en las bases.

Ambos acusados han explicado que de esas gestiones se encargó personal que se contrató en Las Palmas de Gran Canaria, donde abrieron una oficina para tramitar las solicitudes del concurso, y que como estas no llegaban a su destino se reunieron días después con el viceconsejero de Comunicación del Gobierno canario, Martín Marrero, y la jefa de Servicios del área, Teresa Casanova.

Según su versión, Marrero y Casanova les dijeron que presentaran las solicitudes el día 11 en el registro del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, donde entregaron las copias fuera de plazo porque los originales las habían presentado en Correos y no habían llegado.

Así mismo, los acusados han explicado que en el registro no se les puso ninguna pega para su presentación, pese a que el plazo había concluido.

Rodríguez ha declarado también que ordenó redactar un documento para que constara la incidencia que se había producido en la oficina de Correos de Arucas, que fue sellado por esa oficina, para acreditar que no se pudo enviar el fax exigido en las bases.

Marrero ha negado que ese día estuviera colapsado la oficina de registro del Gobierno canario, ha explicado que cuando se reunió el día 6 de octubre con ambos acusados estos le pidieron que se ampliara el plazo porque la huelga del día 29 de septiembre les impidió remitir las solicitudes.

Así mismo, ha calificado de "sorprendente" que dos días después volvieran a reunirse con él y le comunicaron que habían presentado en tiempo y forma las solicitudes desde la oficina de Correos de Arucas, que no pudieron enviar el fax de aviso pertinente.

El viceconsejero también se sorprendió de que, antes de que se acabara el plazo, ya dieran por hecho que los envíos no llegarían.

El fiscal Miguel Pallares ha considerado suficientemente acreditados los hechos por la prueba practicada y que los acusados, como no pudieron presentar sus solicitudes en el plazo debido, confeccionaron el documento de incidencia para que figurara la hora de presentación en la oficina de Arucas.

La prueba testifical es "demoledora", según la acusación pública, que califica los hechos como "enormemente graves" porque los acusados son dos profesionales de la abogacía que se dedican a tramitar licitaciones y, además, de no haberse advertido esta falsedad, pudo haber cambiado el resultado del concurso.

Los letrados de la defensa han lamentado que todo el procedimiento se haya centrado en que los sellos son falsos y se haya obviado pruebas propuestas y testigos para descartar otras alternativas viables, al tiempo que han hecho hincapié en que no se ha podido acreditar que el sello sea falso ni la autoría de sus representados.