Los municipios canarios tienen por delante un difícil camino para cumplir las exigencias de la Ley de Transparencia. Solo 14 ayuntamientos satisface los requisitos que impondrá la norma, que empezará a aplicarse en el ámbito local en diciembre del próximo año y que obliga a un esfuerzo para hacer más accesible la información de las administraciones en internet.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos para Galileo Ingeniería y Servicios revela que las corporaciones que cumplen lo hacen solo de forma "aceptable". La gran mayoría -53- tiene un desarrollo "insuficiente" de lo que establece la ley nacional, mientras que 21 consistorios llevan a cabo una "nula" política de transparencia en sus páginas web. Ni un solo ayuntamiento consigue que su actuación en esta materia sea catalogada como "buena" o "muy buena".

No obstante, hay un caso que se encuentra muy cerca de alcanzar esa calificación: Arona, que obtiene un 3,74 sobre 5, lo que permita que luzca la "medalla de oro" en esta clasificación, según la descripción de uno de los autores del estudio, Emilio Navarro, quien ayer presentó el trabajo en Tenerife junto a María Luisa Delgado, una de las investigadoras, y Nicolás Hernández, analista de Galileo.

La medalla de plata es para El Sauzal, con un 3,21, en tanto que los peores registros se los anotan Fuencaliente, Valle Gran Rey y el Tanque, con sendos ceros.

El informe mide cuatro aspectos: información institucional, económica, jurídica y acceso a la información. Los que más importancia revisten son los dos primeros, aunque también son los que registran un menor grado de cumplimiento. El mayor esfuerzo debe hacerse en el ámbito financiero y económico, advirtieron los artífices del estudio. En este sentido es necesario publicar los contratos y convenios suscritos por las administraciones, las subvenciones que recibe y concede, sus presupuestos y las remuneraciones que perciben los miembros de las corporaciones.

Dado que la Ley no exige menos a los municipios con menor población -que son, precisamente, los que peores resultados obtienen-, los expertos creen "fundamental" el apoyo de los cabildos.

Tras los catorce municipios que cumplen de forma "aceptable" los requerimientos de la Ley de Transparencia se sitúa uno, Santa Cruz de Tenerife, que no lo hace por muy poco, ya que consigue un 2,46, a cuatro centésimas del aprobado. Tanto es así que los autores del estudio consideran que "moralmente" ha cumplido.

La capital tinerfeña es una de las 144 ciudades de más de 50.000 habitantes que se ha incluido en otro estudio de la Universidad Rey Juan Carlos y Galileo que mide la adaptación a la ley de los municipios españoles. En esta clasificación, Santa Cruz aparece en el puesto 80, superada por Arona (17) y Las Palmas de Gran Canaria (67).

El promedio de las localidades españolas en transparencia sobrepasa por poco el aprobado (2,64). Los mejores resultados corresponden a Aragón y Castilla y León, mientras que los peores son los de Castilla-La Mancha y Extremadura. Canarias se sitúa a mitad de la tabla, en concreto en el puesto once.

Solo 16 municipios consiguen un nivel de transparencia en la web "bastante superior" a la media. Ocho presentan valores "cercanos al cero".