El Gobierno central ha comunicado al Ejecutivo autonómico sus discrepancias sobre 17 puntos de la Ley Canaria de Educación -recogidos en siete artículos y dos disposiciones adicionales-, lo que puede preludiar un recurso contra la norma regional en el Tribunal Constitucional (TC).
Los reparos del Gobierno del PP tienen que ver con aspectos como la organización de las evaluaciones de diagnóstico, la negociación de las condiciones salariales del profesorado, la regulación de la Educación Infantil o la extensión a cuarto de la ESO de los programas de diversificación curricular.
El consejero canario de Educación, José Miguel Pérez, ha reaccionado con indignación a la noticia, aunque espera que impere "la sensatez y el sentido de la pluralidad" y se alcance un acuerdo en la Comisión Bilateral Canarias-Estado que frene la interposición de un recurso ante el TC.
A juicio de Pérez, la posición del Ejecutivo central no se explica desde el punto de vista legal o educativo, sino como "un debate ideológico". "No les gusta que en España se legisle más allá de la Lomce. Quieren colocar la ley en todos los rincones del país sea como sea", afirmó ayer el consejero.
El también vicepresidente del Ejecutivo canario mostró su sorpresa por las discrepancias manifestadas sobre lo recogido en la ley autonómica sobre las retribuciones del profesorado. "Están dando por hecho que en las negociaciones vamos a vulnerar las leyes básicas del Estado", indicó.
Entre los contenidos de la norma canaria objeto de discusión por la Administración central figura también la posibilidad de incorporar a los centros a los docentes jubilados como colaboradores o las convalidaciones de títulos de Formación Profesional en créditos universitarios.