El Cabildo de Gran Canaria ha negado este jueves que haya recibido algún tipo de requerimiento en relación con la ''Operación Enredadera'', en la que la juez Mercedes Alaya investiga presuntos irregularidades de las empresas Fitonovo y Fiverde, acción que tiene ramificaciones además de en Gran Canaria y Lanzarote en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona.
De esta forma, el Cabildo ha querido salir al paso de unas informaciones publicadas este jueves en periódicos de tirada regional, en las que se apuntaba a que la Guardia Civil investiga los contratos de Fitonova con la Consejería insular de Obras Públicas.
"El Cabildo de Gran Canaria manifiesta que no se ha recibido ningún tipo de petición de documentación relacionado con los expedientes administrativos de contratos de esta institución insular con la citada empresa, así como tampoco hemos sufrido ningún tipo de registro, reiterando que desde el Cabildo de Gran Canaria estamos permanentemente, como siempre, y como no puede ser de otra manera, en disposición de colaborar estrechamente con la justicia, siempre que de ésta se le requiera a la hora de aportar cualquier tipo de documentación que se nos solicite", recoge un comunicado de la institución insular.
Finalmente, el Cabildo de Gran Canaria ha recordado que Fitonovo es una empresa que trabaja con la institución insular "desde hace más de una década" aunque puntualizó que "tiene unos contratos que en la actualidad incumple", de ahí que señaló se les ha abierto los correspondientes expedientes de rescisión de contratos.
El presiente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, ya confirmó el pasado martes que la institución tenía tres acuerdos de mantenimiento de carreteras con Fitonovo, el de la carretera del Sur que, dijo, a consecuencia de los "incumplimientos" de la empresa este contrato "ya está cedido" porque se le retiró hace unos meses.
Respecto a los otros dos contratos, fue el mantenimiento de las zonas verdes de la autopista del Norte, por un valor de 3,2 millones de euros, y la variante de Tafira, por 2,7 millones. Agregó que estos contratos eran por cuatro años, prorrogables por dos más, sin embargo han tenido "un año de vida" prácticamente.