El Gobierno canario aprobó una nueva comunicación que se debatirá en el Parlamento regional y en la que se exige la suspensión de los sondeos autorizados a Repsol en aguas cercanas a las Islas "hasta que los tribunales se pronuncien sobre el fondo del asunto".
En el escrito, que amplía los argumentos de la carta enviada esta misma semana por el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, el documento recuerda los riesgos que entrañan las prospecciones para el medioambiente y la economía de Canarias.
Entre los primeros, cita la afección a la potabilización de agua; la contaminación acústica, lumínica y química asociadas al proceso de perforación, y el riesgo de una fuga descontrolada de crudo que llegaría a todas las islas.
En cuanto a los riesgos económicos, la comunicación destaca la afección al turismo, "principal actividad de Canarias desde hace 40 años, y que previsiblemente lo seguirá siendo en los próximos cien". La imagen del Archipiélago como destino turístico -que recibe más de 13 millones de visitantes extranjeros al año- "puede verse seriamente perjudicada, ya que las prospecciones son incompatibles con el modelo económico que se está desarrollando basado en las condiciones naturales y la biodiversidad".
Así, el Gobierno canario cree que la actividad petrolífera arriesga los 12.000 millones de euros del turismo en Canarias, el 30% del PIB y más del 30% del empleo (50% en el caso de Lanzarote y Fuerteventura).