El Gobierno de Canarias sacará a exposición pública antes del fin de noviembre el borrador de reglamento para legalizar el alquiler de viviendas vacacionales, sobre lo que la diputada popular Águeda Montelongo dijo que el Ejecutivo regional es como la canción de Mina: "Parole, parole".
El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, realizó este anuncio en comisión parlamentaria en respuesta a la parlamentaria popular, quien pidió su comparecencia para abordar esta cuestión ya que, en su opinión, más de 53.000 familias que viven de esta actividad ven cómo las palabras del Gobierno "se las lleva viento".
González Ortiz subrayó que Canarias tendrá una regulación específica del alquiler vacacional que comenzará con un borrador de reglamento para su exposición pública antes del fin de noviembre y sobre el que existen "notables avances", pues el Ejecutivo trabaja junto a la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, con la que se reunió el lunes y volverá a hacerlo el 17 de este mes.
El consejero dijo que la regulación permitirá aflorar la oferta existente y también incrementarla, porque al dar seguridad a los turistas aumentará esta actividad.
El objetivo del Gobierno canario es conciliar la creciente demanda de este producto con unos mínimos estándares de calidad, añadió González Ortiz.
Precisó el consejero que las viviendas que se alquilan para uso turístico por días e incluso semanas son una oferta en alza debido a las ventajas de internet, pero también supone una actividad al margen de la ley y genera competencia desleal.
Con la regulación se beneficia al sector en su conjunto al aumentar la oferta y reforzar la imagen del destino, y también se favorece al turista al saber que podrá alojarse en unos establecimientos que cumplen unos determinados requisitos, especificó González Ortiz.
En la norma que elabore el Gobierno canario se resolverán además las incompatibilidades entre el uso turístico y el residencial puesto que, agregó, en ocasiones se generan divergencias entre los residentes en un edificio y los turistas que se alojan en viviendas pertenecientes a la misma comunidad.
También se incentivará la creación de un registro de viviendas de alquiler vacacional para incluirlas en la oferta turística y que se puedan beneficiar de la promoción oficial, además de permitir que compitan en condiciones de igualdad y que se inserten en la ley "con las obligaciones que ello conlleva".
La diputada popular Águeda Montelongo dudó de las "promesas y buenas intenciones" del Gobierno canario y señaló que se identifica con Santo Tomás en cuanto a las promesas que efectúa "el presidente y no candidato" Paulino Rivero, pues "si no lo veo, no lo creo".
Por ello se preguntó si será necesario que haya "un nuevo presidente o presidenta" del Gobierno canario para que se resuelva la situación de estas viviendas.
Detalló que en 2010 utilizaron este tipo de alojamientos en las islas 1,3 millones de turistas, un 33,10 por ciento del PIB turístico, y generan un 24 por ciento de empleo directo.
Este tipo de usuarios no vienen "con el todo incluido" y por el contrario, consumen en supermercados, restaurantes, bares, visitan mercados y consumen servicios, un tipo de turismo "que no nos podemos permitir el lujo de perder por la dejadez de un presidente que dice una cosa y hace otra", advirtió Montelongo.
La diputada del grupo Socialista Dolores Padrón señaló que este tipo de actividad ha ayudado a que muchas familias salgan adelante pero, continuó, si no se regula genera competencia desleal y economía sumergida.
"Regular no es prohibir, sino luchar contra el intrusismo para que afloren viviendas sumidas en la ilegalidad y que se puedan comercializar alojamientos de calidad con una oferta diversa, legal y transparente", explicó la parlamentaria socialista.
El diputado del grupo Nacionalista Canario José Luis Perestelo consideró que este tipo de viviendas es "fundamental" en islas como La Palma, donde son más importantes que la oferta hotelera y generan economía, y subrayó que los empresarios "quieren estar en la legalidad, no hacer competencia desleal a la oferta reglada".