Hay que retroceder bastante atrás en el tiempo -probablemente hasta el caso Baute- para encontrar un hecho en la vida política lagunera que haya captado la atención mediática al nivel que lo hicieron las ruedas de prensa del pasado jueves, consecuencia de la cuádruple imputación de Fernando Clavijo. Un terremoto político que el alcalde de La Laguna y candidato (al menos por ahora) a la Presidencia del Gobierno de Canarias quiso frenar compareciendo ante los medios. Convocó a los periodistas, se fue a la sala de prensa de la Casa de los Capitanes tras parar un pleno e hizo una defensa en la que trató de suavizar la presunta trama de favores que relata el auto.
"Comparezco en coherencia con lo que defiendo, para darles la información personalmente", empezó el regidor municipal, que en unos 19 minutos trató de ofrecer justificaciones para los delitos en los que podría haber incurrido: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. "No tengo nada que ocultar", repitió varias veces con diferentes palabras.
Sin embargo, sucede que algunos párrafos del auto del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, César Romero Pamparacuatro, van más allá de la interpretación "ligth" de Clavijo. Una de las frases que han causado más impacto resulta de una conversación entre Blanca Pérez (CC) y el alcalde. La primera le plantea al regidor municipal que, para que la también concejala María José Castañeda (PSOE) pudiera beneficiarse de las ayudas por la aluminosis en Las Chumberas, habría que crear una subvención sin limitación de ingresos de quien la recibe. Fernando Clavijo acepta la proposición y zanja: "Le salvamos la vida y nos salvamos el culo". Antes, Pérez le había alertado, a través de una pregunta retórica, de que podrían estar prevaricando: "¿Cómo se tramita una ayuda de emergencia social a una persona que cobra 3.000 euros?".
Según el escrito judicial, la otra persona vinculada al ayuntamiento que percibe este apoyo económico superando los límites de ingresos es Ricardo González, portavoz de los afectados por la aluminosis en ese barrio, número 17 -por la cuota del CCN- de la lista de CC a las pasadas elecciones y personal de confianza municipal. Al parecer, y al igual que en el primer caso, ni siquiera las afecciones de su vivienda hacían necesario el desalojo. Resuelto el problema, y ya con residencia de alquiler en la calle de la Carrera, se produce una conversación telefónica entre el centrista y el primer edil: "Ahora solo falta que te afilies ya", le dice el segundo.
Otra de las causas a las que han dado lugar los pinchazos telefónicos realizados está vinculada con Urbaser y la petición que recibió Clavijo de una mujer para la contratación de su sobrino. El alcalde contacta con una tercera persona, "en apariencia con vinculación con la mercantil Urbaser", y se acaba produciendo la incorporación. A ello se suman, en otra causa distinta, y siempre según el auto, problemas con expedientes en el Cuadrilátero y la concesión de una licencia a una cafetería de La Cuesta para la que el dirigente vecinal Francisco Barreto (FAV Aguere) habría pedido al político nacionalista que intermediase.
Al final, y además del alcalde, acaban imputadas otras doce personas: las concejalas Blanca Pérez y María José Castañeda; los conocidos empresarios de la noche Pepe Santana y Evaristo González; Ricardo González; Francisco Barreto; el exjefe de la policía local Juan José Díaz y dos subinspectores; María Isabel González, presidenta de la Plataforma Ciudadana Calidad de Vida, y dos técnicos municipales.
Por si fuera poco, el juez añade al final del auto una justificación -que CC rechaza- del tiempo que el procedimiento ha estado sin notificarse a las partes imputadas, toda vez que entiende que los implicados pueden verse perjudicados en su "imagen pública o política" en caso de que concurrieran a los próximos comicios electorales. A este respecto, Romero Pamparacuatro explica que el correcto funcionamiento de un juzgado de instrucción requiere, además de la implicación de su personal, disponer de los medios personales y materiales necesarios. El magistrado llega a exponer que renunció a sus vacaciones anuales o que ha llegado a trabajar unas 14 horas diarias.
¿Y los efectos de lo ocurrido? Están por ver. Ayer hubo Ejecutiva insular y Consejo Político de Tenerife, mientras que mañana está convocado el Comité Permanente Nacional de Coalición. La carrera política del principal afectado por las imputaciones depende de los próximos días. El jueves negro particular de Clavijo ha dejado a CC en peor situación de la que ya estaba, acaso en uno de los momentos más delicados de su historia.