El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, y la presidenta de la Asociación Canaria para la Regulación de las Viviendas Vacacionales (Ascav), Doris Borrego, avanzaron ayer un borrador de decreto para esta actividad que contempla, entre otros aspectos, que las viviendas turísticas deberán ser construcciones legales.

En este punto, la Ascav propuso que las que no lo fueran, por ser de autoconstrucción, puedan presentar un certificado de un técnico competente diciendo que cumple los requisitos exigibles a cualquier vivienda, pero el viceconsejero indicó que "el Gobierno no puede aceptar que una edificación sin cédula de habitabilidad o licencia urbanistica pueda ser destinada a la explotación turística, por lo que deben, al menos, disponer de certificación del ayuntamiento que indique que son legales".

Así, las viviendas que no lo sean "deberán iniciar un expediente de legalización en los ayuntamientos y regularizar su situación si quieren destinarla al uso turístico".

Las viviendas turísticas también requerirán autorización de la comunidad de propietarios -la Ascav solicitó que no sea de carácter previo- y la organización demanda la posibilidad de incluir el alquiler de habitaciones individuales, pero el Gobierno no contempla su regulación por tratarse de viviendas particulares y estudiará la figura del albergue.