Las acusaciones formuladas por delitos de corrupción pública se multiplicaron por siete en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2013 con respecto a 2012, según se desprende de la Memoria de la Fiscalía del pasado ejercicio, donde se precisa que se pasó de 6 a 43. Específicamente, el ascenso fue de 4 a 21 por prevaricación, de 1 a 7 por cohecho, de 1 a 7 por tráfico de influencias y de ninguna a 8 por malversación.

Ese dato fue resaltado ayer por el diputado del grupo mixto Pedro Justo en el transcurso de la comparecencia parlamentaria en la que el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ahondó en la Memoria.

Uno de los asuntos en los que hizo un mayor énfasis fue en los juicios de faltas, a los que calificó de “garbanzo negro”, dado que suponen el 78,52% del trabajo y más de la mitad de las sentencias que resultan de ellos son absolutorias.

“Empleamos muchos efectivos y nos restan eficacia en otros procedimientos de más enjundia”, señaló el fiscal, que agregaría en su segundo turno de palabra que no es “normal” que lo más que ocurre en las administraciones de justicia canarias son las peleas entre vecinos.

Y es que, en su opinión, se trata de procesos que, por sus singularidades, muchas veces no llevan “a nada”.

A propósito de la lentitud judicial, Garrido alertó de que es una “injusticia manifiesta” que un proceso penal dure más de cinco años, y pidió una “profunda revisión” de esos procedimientos para evitar el “descrédito” que se genera para la administración de justicia, así como la espada de Damocles que pesa sobre los acusados. En este sentido, también dijo que el resultado obtenido es “mínimo” para el esfuerzo realizado.

El fiscal superior de Canarias sí se felicitó por algunos pasos que se están dando en la búsqueda de esa agilización, tales como los 10.000 escritos de acusación y 7.600 sentencias de los servicios de guardia (realizados entre las 24 y las 48 horas). Además, destacó que los juicios rápidos se han reducido a menos de 15 días cuando estaban en un plazo cercano a dos años.

En total, en 2013 se gestionaron más de 300.000 asuntos por un sistema de justicia que, según Garrido, tiene una maquinaria “elefantiásica” y al que le cuesta adaptarse a los cambios. A ello añadió que el “necesario” esfuerzo de coordinación lo están propiciando las nuevas tecnologías, que han avanzado gracias a sistemas como el “Atlante II”, una herramienta que es “objeto de deseo” fuera del Archipiélago.