El Diputado del Común ha realizado un estudio pormenorizado sobre la situación de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Canarias que concluye con la emisión de un informe donde pone de manifiesto la falta de regulación por parte del Gobierno de Canarias, el descenso continuado de los fondos que ha causado el cierre de varios recursos y la disparidad o incluso inexistencia en la inspección y control de los servicios.
En concreto, la institución recuerda que desde 2009 "se han recibido numerosas quejas por la falta de recursos suficientes para atender a la ciudadanía, pese a que Canarias registra las tasas más altas del Estado en número de disoluciones matrimoniales y que, de estas, más de la mitad de las parejas tiene hijos menores de edad que podrían necesitar el servicio de los PEF en caso de discrepancias entre los progenitores".
Y es que en 2007 existían cinco PEF (Arona, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Santa María de Guía y Arrecife) y que en la actualidad de esos solo queda el de la capital tinerfeña abierto y otro que se creó en 2008 en Las Palmas de Gran Canaria.
En la provincia de Tenerife, salvo el PEF del Ayuntamiento de Arona, activo durante el año 2007 y financiado con una cuantía de 17.000 euros, el Centro de Atención a la Familia (CAF) es la única entidad con una trayectoria continuada en la prestación de servicios. Con al menos dos sedes (una en Santa Cruz y otra en el norte, aunque este último punto no ha ofertado sus servicios durante todo el periodo analizado) la citada fundación obtuvo las mayores dotaciones presupuestarias en los años 2009 (184.000 euros) y 2010 (172.000 euros). El pasado año 2013 la entidad cerró este servicio del Norte debido a la falta de financiación.
"Canarias no ha desarrollado una regulación específica jurídica para los PEF como sí lo han hecho otras comunidades y la que existe es dispersa e incompleta", detalla literalmente el texto del informe, en el que también se recoge que esta falta de regulación es suplida por acuerdos tomados o protocolos establecidos en foros político-técnicos.
"Esta indefinición hace que no se concrete quién puede atender a los usuarios, en qué condiciones, con qué medios o recursos, a través de qué metodología", alerta.
Otro aspecto sobre el que llama la atención es la ausencia de un sistema de control y de inspección de estos servicios por parte del Gobierno de Canarias, asegurando que es "desigual o inexistente".