Los recursos de unos 100 promotores directos de generación de energía eólica que se sienten afectados por la nueva retribución de las energías renovables, la cogeneración y los residuos -que anuló el anterior sistema de primas a favor de la polémica "retribución razonable"- ayer fueron incluidos en una de las seis resoluciones del Ministerio de Industria publicadas en el BOE por la que se les pide comparecer en el plazo de nueve días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Los promotores canarios van juntos en un mismo recurso de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) cuyo máximo responsable, Enrique Rodríguez de Azero, ayer se mostró esperanzado en que la Justicia les dé la razón y que el Gobierno central cambie su postura al respecto.

Como recuerda Azero, la reforma energética del Gobierno generó retroactividad tanto por aplicarse a partir de ahora sobre instalaciones que se construyeron antes del cambio de la norma como porque exige el reintegro de las primas cobradas hasta la fecha a cambio de la llamada "rentabilidad razonable", un criterio que depende, entre otras cosas, de la tecnología del parque eólico y otros parámetros.

"No es una rentabilidad razonable, sino un razonamiento irracional", protesta el líder de la patronal canaria de los promotores eólicos, que critica la falta de diálogo.

"Fue el Estado quien animó a los inversores a poner dinero en las energías renovables, y ahora genera inseguridad jurídica con este cambio que es un disparate", lamenta. Al respecto, asegura que sigue habiendo interés entre la iniciativa privada en el campo de las energías renovables, "pero esta situación aleja los proyectos y congela las inversiones".

En todo caso, confía en que el Ejecutivo central no vuelva a introducir modificaciones de este tipo, así como que rectifique su postura en esta materia.

Si el asunto sigue por el camino judicial, advierte, la decisión que pondrá solución al conflicto se demorará previsiblemente "mucho" tiempo. Si bien no se atreve a dar una estimación de tiempo, ve "bastante probable" que no llegue a producirse en lo que resta de la legislatura debido, entre otras cosas, a la "enorme" cantidad de recursos presentados.

En todo caso, si el fallo que se produzca en España es contrario a su planteamiento, adelanta que ACER está dispuesta a dar la batalla en Luxemburgo porque los empresarios canarios están convencidos de que la actuación del Gobierno central contravino "montones" de directivas comunitarias en materia de medio ambiente, reducción de la contaminación, impulso a las tecnologías y otros asuntos.

"Está claro que España no alcanzará el objetivo de que el 20% de la generación provenga de renovables en 2020, lo que es otro incumplimiento", añade.