El Gobierno canario ha denunciado hoy "maniobras dilatorias y argucias jurídicas" de Repsol para impedir que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decida sobre los recursos y medidas cautelares que ha promovido esta comunidad autónoma respecto a los sondeos petrolíferos, iniciados el 18 de noviembre.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz Martín Marrero, ha recordado que el Ejecutivo regional recurrió, el 30 de octubre de este año, la resolución del 7 de octubre que desestimaba un requerimiento de la comunidad autónoma sobre la autorización de estos sondeos, aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En ese recurso, el Ejecutivo canario solicitó la suspensión cautelar de las prospecciones.
Este recurso se interpuso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, concretamente en la sede de Santa Cruz de Tenerife, ya que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma consideran que este tribunal tiene la "competencia objetiva" para pronunciarse sobre este asunto.
Además, ha dicho Marrero, la ley permite al demandante decidir sobre la competencia territorial, de tal manera que puede elegir entre el tribunal en el que tenga su sede el órgano que dicte el acto impugnado, o entre su domicilio, una segunda opción por la que ha optado la administración canaria.
El 3 de noviembre, el TSJC admitió el recurso del Gobierno canario, solicitó el expediente administrativo al Ministerio de Industria y acordó una pieza separada sobre las medidas cautelares solicitadas por la administración canaria, ha referido Marrero.
Sin embargo, el 10 de noviembre, Repsol se personó como parte codemandada y planteó la falta de competencia territorial del TSJC, al entender que el competente para pronunciarse sobre este asunto es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que ha solicitado que se suspenda la tramitación de la pieza sobre las medidas cautelares.
El 20 de noviembre, la compañía petrolífera solicitó al TSJC que emplazara también a las otras dos empresas que participan en la titularidad de estos permisos, lo que Marrero ha calificado como "sorprendente", ya que, según ha dicho, "Repsol es el único operador de los recursos".
El Ejecutivo regional considera que la estrategia de Repsol es que se suspenda el plazo de que dispone el TSJC para decidir sobre la suspensión de los sondeos, solicitada, como medida cautelar, por parte de la comunidad autónoma.
Marrero ha reprochado al Gobierno que preside Mariano Rajoy que no haya contestado aún a las dos solicitudes de información que le ha formulado el Ejecutivo regional en dos ocasiones, y que hoy ha reiterado por tercera vez, sobre estas prospecciones.
"A día de hoy, el Gobierno canario desconoce cuál es la situación de las actividades que está desarrollando la multinacional petrolera, ni cuáles son sus previsiones o resultados, una situación que le sitúa en una clara desventaja" en favor de Repsol, lo que la compañía pretende trasladar al ámbito judicial ralentizando la decisión que debe adoptar el TSJC, ha aseverado Marrero.
El portavoz del Gobierno canario ha considerado que "el silencio reiterado del Gobierno de España se acaba convirtiendo en complicidad".
Además, ha destacado que el Gobierno español "se lava las manos" ante los efectos perjudiciales que estos sondeos pudieran ocasionar a la desalación de agua en las Islas, ya que ha manifestado que ésta es una competencia de la comunidad autónoma.
Martín Marrero ha recalcado que "cada día que pasa es un día que lesiona y merma significativamente el derecho a una tutela judicial cautelar" de la comunidad autónoma canaria, ya que "pierde fuerza la finalidad legítima del recurso planteado".