Las acusaciones reclamaron ayer ante la Audiencia de Las Palmas que se condene al exviceconsejero regional de Justicia Francisco Rodríguez Batllori, al político Dimas Martín y a los otros cuatro acusados de la pieza número 8 del caso Unión, por existir prueba "masiva" para ello.
El fiscal de Medio Ambiente, Javier Ródenas, consideró probado que Batllori cobró entre 2008 y 2009 más de 40.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa pública de aguas Inalsa por las minutas generadas por los servicios que prestaba al líder y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, cuando este estaba en la cárcel.
Las cartas y conversaciones telefónicas entre Batllori y Martín, intervenidas, demuestran que el exviceconsejero reclamaba al político que pidiera al concejal de Hacienda de Arrecife que le pagara sus minutas, según ambas acusaciones, que sostienen que el fundador del PIL y los otros cuatro acusados idearon una trama "corrupta" y "maquillaron" las normas de contratación.