La Ley Canaria de Educación ya está oficialmente en vigor, pero sus efectos tardarán en notarse, entre otras cosas porque su proceso de aplicación se prolongará en el tiempo debido a la ingente cantidad de normativa necesaria para desarrollarla y a la intención de la Administración educativa regional de hacerlo bajo el principio del consenso con los agentes implicados.

José Miguel Pérez compareció ayer ante la comisión de Educación del Parlamento de Canarias y advirtió de que al menos 18 aspectos contenidos en la primera norma autonómica precisan de una regulación específica en forma de decretos y órdenes, aunque el primero paso para comenzar a elaborarla será la aprobación del calendario de aplicación de la ley, detalló el consejero. El Consejo Escolar de Canarias, como órgano de participación de la comunidad educativa, será consultado sobre cada una de las normativas que se emitan al respecto, garantizó el también vicepresidente del Ejecutivo.

"En el desarrollo de la ley el procedimiento será el mismo que en su redacción: acuerdo, consenso y diálogo", advirtió Pérez, quien no pierde ocasión de destacar el talante participativo que ha presidido el proceso para dejar claras las diferencias con la Lomce, en especial cuando el Partido Popular señala paralelismos entre ambas normas. "Se parecen como un huevo a una castaña: la Lomce no la aprobó nadie salvo el PP y la Ley Canaria de Educación la apoyaron todos menos el PP", dijo.

La diputada del grupo popular Maribel Oñate fue quien se encargó de defender las similitudes que, a juicio de los conservadores, unen a las dos leyes. "Si lees la Ley Canaria compruebas que refleja la Lomce, pero con peor redacción", afirmó con ironía. Oñate inquirió repetidamente al consejero por las partidas para la implantación de la norma canaria en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015. "Si no hay dinero, las medidas no existen", avisó la parlamentaria de la oposición, quien también cuestionó el discurso de Pérez sobre el consenso. "Los sindicatos lo criticaron y la presidente del Consejo Escolar dijo que no había leído la ley antes de su aprobación".

Pérez no contestó directamente, aunque luego, a preguntas de este periódico, citó entre las medidas presupuestadas el fomento del bilingüismo, la ampliación de la oferta de Formación Profesional o el aumento de las plantillas de profesorado, políticas todas ellas que ya se llevaban a cabo antes de que la norma autonómica entrase en vigor.

Con o sin presupuesto específico, la primera ley educativa canaria corre el riesgo de verse despojada de parte de sus contenidos si finalmente el Gobierno del Partido Popular decide recurrirla al Tribunal Constitucional. Para tratar de evitarlo y con el objetivo de llegar a un acuerdo, las administraciones regional y central se reunirán en la comisión bilateral Canarias-Estado, un encuentro para el que aún no hay fecha o al menos, indicó José Miguel Pérez, no ha sido comunicada.

Deuda para financiar la FP Básica

El consejero de Educación, José Miguel Pérez, volvió a dibujar ayer un panorama desolador del efecto de los próximos presupuestos del Estado sobre la realidad educativa del Archipiélago. Pérez cifró en 600 millones de euros la pérdida de recursos para la educación que ha sufrido Canarias desde 2011, aseguró que en 2015 la inversión por habitante en esta materia será 100 euros inferior a la media nacional y, además, denunció que el 80% de los 44,9 millones de euros con que se financiará la Formación Profesional Básica -una novedad que introduce la Lomce- deberá hacerse con cargo a la deuda de la Comunidad, cuando el propio Estado restringe y penaliza el endeudamiento de la región. La diputada del PP Maribel Oñate le acusó de victimismo y afirmó que Canarias ha recibido 157 millones del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos sin que se haya notado positivamente en los presupuestos educativos para 2015.