Cáritas presentó ayer en las Islas el VII informe sobre la exclusión y desarrollo social en Canarias, en el que se alerta del aumento de las desigualdades sociales en el Archipiélago, donde las rentas per cápita son las más bajas del territorio nacional al tiempo que presenta una de las tasas de exclusión más altas con más del 28% de la población.
Así, entre el año 2007 y 2013, el número de hogares canarios que se han visto afectados por alguna forma de exclusión ha crecido en 212.000, lo que se traduce en una afectación a más de 603.000 personas.
El informe, publicado por la fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), revela que la desigualdad ha crecido más de un 11,1% entre 2008 y 2012, algo que desde Cáritas se vincula a "la concentración de la riqueza". Así, Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de exclusión social de todo el territorio nacional y en donde más se ha incrementado en comparación con el resto de las comunidades autónomas.
Entre los principales causantes de estas desigualdades se identifican el empleo, la vivienda y la sanidad.
Y es que es el riesgo de exclusión social se duplica entre las personas en desempleo de larga duración y se incrementa notablemente entre las personas ocupadas con trabajo irregular y que no pertenecen a los 15 países de la Unión Europea.
Respecto a las ayudas que reciben las personas en situación de exclusión o en riesgo de estarlo, es la red formada por la familia, las amistades y los vecinos los que apoyan más y durante mayor tiempo a estar personas. Es este tejido social en el que se apoyan el 74% de los hogares, lo que deja en evidencia que un 25% de la población, es decir, alrededor de 525.000 personas, no disponen de esta ayuda y depende exclusivamente de las prestaciones de las administraciones públicas o de las asociaciones sociales.
Así, el informe alerta sobre la ruptura del contrato social que era la base de la estructura del bienestar y detalla que, ante el fracaso del actual modelo, es necesario revisar las preferencias como ciudadanos y cuestionar las lógicas de la privatización, la individualización y la mercantilización.
Además, propone articular una protección social armonizada en todo el Estado y garantizar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos.