La nueva ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales ha sido aprobada hoy definitivamente en el pleno del Parlamento de Canarias con el apoyo de CC y PSOE, mientras que el Partido Popular y Nueva Canarias mantuvieron sus reservas hacia una norma que según la oposición ni armoniza ni simplifica.
Tanto Emilio Mayoral, del PSOE, como José Miguel González, de CC, defendieron que durante el trámite parlamentario el proyecto remitido por el Gobierno de Canarias ha sido cambiado en aspectos sustanciales, con numerosas enmiendas de la oposición aceptadas.
"Las enmiendas han cambiado cuestiones que demandaba la oposición, se eliminan rigideces, se clarifican competencias y se simplifican procedimientos", dijo Emilio Mayoral.
José Miguel González, en la misma línea, aseguró que los cambios introducidos en el trámite parlamentario aseguran que la ley regula lo que le corresponde a cada administración en la gestión del territorio.
Miguel Jorge Blanco, del PP, si bien admitió que el texto ha sido mejorado, consideró que no ha sido suficiente como para tener el apoyo del PP.
La ley "simplifica, armoniza y descentraliza muy tímidamente", dijo el representante del PP, que mantuvo 34 enmiendas al texto rechazadas por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias.
Román Rodríguez, portavoz del grupo Mixto, recalcó que se trata de la séptima ley sobre espacios naturales y el propio texto establece que en el futuro hará falta un texto refundido de toda la normativa vigente.
En opinión de Rodríguez, esta ley debería quedar para la próxima legislatura y de manera que quede en una sola norma toda la normativa territorial.
Para Rodríguez, la ley no tiene el consenso del Parlamento, ni la participación ni el compromiso de la ciudadanía, no armoniza y producen modificaciones sustanciales de la ley de directrices y de espacios protegidos.
La nueva ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales responde a que "resulta necesario incidir nuevamente sobre la arquitectura del sistema territorial y medioambiental con el fin de eliminar rigideces innecesarias y clarificar las competencias que corresponden a los tres niveles administrativos, además de agilizar al máximo los procedimientos de formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbanístico", según pretende esta normativa.
Se ha hecho evidente "la necesidad de implementar una política de simplificación que permita mayor rapidez en la toma de decisiones, algo que obviamente requiere mayor agilidad en la tramitación y en la resolución de los procedimientos administrativos", según establece la ley.