La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha pedido al Gobierno regional que busque una salida jurídica que permita la continuidad de las guarderías y escuelas infantiles, de las que actualmente se encargan los ayuntamientos, y derogue los decretos que las regulan.

Actualmente, hay dos decretos del Ejecutivo sobre las guarderías y las escuelas infantiles, que en la práctica hacen inviable que los ayuntamientos se encarguen de ellas, pues obligan a convertir las actuales guarderías en escuelas infantiles, advirtió el presidente de la Fecam, Manuel Plasencia, poco antes de la asamblea celebrada ayer en la capital grancanaria.

"Los ayuntamientos no queremos que se cierren las escuelas infantiles ni las guarderías", menos aún en una época de crisis económica como la actual, indicó Plasencia, para quien es necesario que la Consejería de Educación busque una solución.

De acuerdo a la nueva Ley de Racionalización del Sector Público, las escuelas infantiles son competencia de la comunidad autónoma, y su asunción por parte de los ayuntamientos depende de que tengan estabilidad y recursos financieros suficientes, dijo Ángel Víctor Torres, vocal de la ejecutiva de la federación municipalista.

Los consistorios de las Islas quieren mantener abiertas las escuelas infantiles y guarderías, pero para ello piden al Gobierno de Canarias que suspenda o prorrogue las normativas que obligan a convertir las guarderías en escuelas infantiles, tanto en lo referido a la adaptación de las instalaciones de los centros como a la homologación del personal.

Si se obliga a los ayuntamientos a transformar en escuelas infantiles las guarderías, muchas se verán obligadas a cerrar y los municipios tendrían que entregar su competencia al Ejecutivo, ya que no podrán mantenerlas, según los representantes del municipalismo canario.

Para mantener el actual marco normativo es necesario subir mucho las cuotas de las mensualidades, algo inviable para muchos padres, apuntó Torres.

Desde 2011, la Fecam ha mantenido varias reuniones con el Gobierno sobre el asunto, después de que ese año retirase las subvenciones que habitualmente concedía a los ayuntamientos para el mantenimiento de las guarderías, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.

Por ello, la Fecam exige al Gobierno que busque una solución jurídica antes de enero de 2015 que permita la continuidad de las guarderías.

Plasencia se refirió también al presupuesto de la Fecam para 2015, que asciende a 2,3 millones de euros, la mitad de los cuales se destinan a ayudas de emergencia social, repartidas entre todos los ayuntamientos, para ayudar a las familias más desfavorecidas.