Hace menos de un mes que el Ayuntamiento de La Laguna propuso la construcción de un nuevo aulario de la Facultad de Educación de la ULL en un espacio ajardinado del colegio Aneja, situado junto al centro. Hoy, esta ya no parece la solución más viable para los problemas de la Facultad, según el propio consistorio comunicó ayer a la Universidad.
Los representantes de la corporación municipal trasladaron ayer a los de la ULL que dicha actuación plantea varias dificultades -entre ellas, que obliga a ocupar demasiada superficie del patio- y sugirieron una alternativa: ampliar una de las alas del edificio -la que da a las calles Antonio González y Doctor Zamenhof- para ganar una planta y, con ello, alrededor de 1.500 metros cuadrados.
No obstante, fuentes de la institución académica señalan que la edificación de un nuevo módulo en los jardines no está descartada y aseguran que la negociación está abierta. De hecho, ambas partes continuarán estudiando fórmulas para remediar la falta de espacios que presenta la Facultad de Educación, lo que hace presagiar que la adopción de una solución se hará esperar.
En principio, la nueva opción aportada por el Ayuntamiento no satisface a la ULL, puesto que no es la que se había planteado en el encuentro anterior. Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, está dispuesta a estudiarla.
Durante la reunión de ayer, los técnicos de la Universidad de La Laguna expusieron la conveniencia de analizar el uso que se da actualmente a los espacios de la Facultad para redistribuirlos y optimizarlos.
Las conversaciones arrancaron después de que tanto la corporación local como la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias respaldaran a la comunidad educativa del colegio Aneja, que se negaba a abandonar el centro para que la Facultad ampliase sus instalaciones.
La ULL llevaba años reclamando sin éxito esta cesión a la Consejería hasta que, el pasado mes de septiembre, el titular del área, José Miguel Pérez, accedió a ella. Sin embargo, la postura del consistorio -que se ha negado a la cesión sin el visto bueno del profesorado, familias y alumnado del CEIP- provocó la marcha atrás de la Administración educativa.