El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo el recorte salarial del 5 % que el Gobierno canario aplica desde 2010 a unos 2.000 trabajadores de sus empresas públicas, en un fallo que CCOO cree que obligará a devolver a las plantillas entre 105 y 132 millones de euros.
El TC estima en esta sentencia la cuestión de inconstitucionalidad que elevó contra ese recorte salarial la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a raíz del recurso presentado por CCOO contra la decisión que tomó el Gobierno canario en 2010, cuando CC quedó en minoría tras la salida del PP.
El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Pedro Moreno, ha explicado hoy en una rueda de prensa que, para comenzar a ejecutar este fallo judicial, el Gobierno de Canarias debería reponer en la próxima nómina de enero de los trabajadores afectados entre 25 y 30 millones.
Moreno ha expresado la voluntad del sindicato de crear una mesa de negociación con el Gobierno canario con el fin de negociar, como hizo en su día Cantabria tras una sentencia similar, el abono progresivo de todo el dinero que se adeuda a estos trabajadores de empresas públicas.
El sindicato CCOO entiende que a la hora de proceder a la devolución de este recorte, se debe tomar como referencia el mes de junio de 2010, cuando comenzó a aplicarse con carácter retroactivo esa medida.
La abogada del sindicato que ha llevado esta demanda, Marisa Castellano, ha destacado que, en su sentencia, el TC hace hincapié en que el Gobierno canario ha renunciado a la negociación colectiva en un asunto que la requería.
Además, Castellano ha asegurado que el TC ha puesto de manifiesto que la administración regional "ha legislado a capricho" a la hora de aprobar esta rebaja salarial y "de forma contraria a la propia legislación de ámbito estatal".
Pedro Moreno ha considerado que, antes de aprobar este recorte salarial, la administración regional podría haber ajustado otras partidas presupuestarias, a su juicio, prescindibles.
El sindicato CCOO confía en que el Gobierno de Canarias aplique cuanto antes lo que establece este fallo judicial y que no pretenda retrasar la negociación que, en su opinión, permitiría escalonar el abono de las devoluciones a estos trabajadores, lo que implicaría el pago de intereses.