El Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves, con los votos a favor de los grupos Nacionalista, Socialista y Mixto (NC-PIL), y el rechazo del Grupo Popular, la nueva ley que regula RadioTelevisión Canaria.

El apoyo del Grupo Mixto se logró en la sesión plenaria a través de una enmienda transaccional para que el director general y el Consejo Rector no se elijan por mayoría absoluta de la Cámara, sino por dos tercios de los diputados o tres quintos (en segunda votación). Si no hubiera acuerdo, se tendría que iniciar otra vez el proceso hasta llegar a un consenso.

La diputada del Grupo Popular, Águeda Montelongo, se quedó sola en la Cámara tras el apoyo de los grupos que sostienen al Ejecutivo a la propuesta de Pedro Justo (NC), si bien la socialista Belinda Ramírez ha alertado del riesgo de "bloqueo", tal y como sucedió en la pasada Legislatura con la renovación de los órganos que dependen del Parlamento a raíz de la victoria electoral del PSOE, que alcanzó los 26 diputados.

Montelongo ha criticado que la ley se apruebe por la "puerta falsa" al no lograrse el consenso, y ha insistido en rechazar la fórmula de la "universidad de la vida" dado que el futuro director general deberá tener titulación universitaria superior o una competencia reconocida en gestión durante un plazo no inferior a cinco años. "Perpetúa el modelo de propaganda al servicio del presidente", ha comentado.

Por el Grupo Socialista, Belinda Ramírez ha dicho que la ley es un "salto cualitativo" porque va a acabar con el "control gubernamental" del ente, que tendrá su propia autonomía. "Queremos objetividad, pluralismo e independencia", dijo, y acusó al PP de no tener "autoridad moral" en este debate en virtud al modelo implantado en Televisión Española y en las cadenas autonómicas donde gobiernan.

Nuria Herrera, del Grupo Nacionalista, tachó de "falta de respeto" a la Cámara la alusión a que la ley se aprueba por la "puerta falsa", y defendió que no se fije titulación universitaria en base a que la profesión periodística no está regulada en el Estado.

Aparte del nombramiento del director general a través de la Cámara regional, la ley también comprende la creación de un Consejo Asesor formado por 26 miembros y Consejos de Informativos para velar por la independencia y objetividad de los contenidos.