El Gobierno de Canarias informó ayer, en un comunicado, que dio el visto bueno a la tramitación del proyecto de decreto para la adjudicación de potencia eólica en Canarias a través de la autorización administrativa, modalidad que deja atrás la figura del concurso.

Tras la celebración del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo regional informó que ahora enviará el documento al Consejo Consultivo para que siga su tramitación.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, defendió el procedimiento de autorización administrativa para adjudicar la potencia eólica frente al sistema de concurso porque desaparece la judicialización inherente a los concursos.

El sistema de concurso, que es una "anomalía" y una "excepcionalidad" en el actual sistema, demostró ser inviable por su judicialización frente a una autorización que permite que cualquiera que presente un proyecto con todas las garantías pueda instalar un parque, asegura la nota.

El nuevo sistema "garantiza la igualdad de oportunidades de los que quieran participar en la explotación de la potencia eólica, tanto públicos -ayuntamientos, consorcios o mancomunidades- como privados. No es un concurso, ya no tienen que competir, el que presente el proyecto y cumpla con los requisitos obtendrá la potencia, tal y como ocurre en la actualidad con el resto de instalaciones energéticas en Canarias.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también aprobó el decreto por el que se aprueba el Estatuto que regulará la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Agencia Tributaria Canaria.

La Agencia Tributaria Canaria fue creada por la Ley 7/2014 de 30 de julio, como un nuevo instrumento de organización administrativa responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario canario y de aquellos recursos de otras Administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por convenio. Se configura como un ente de derecho público con personalidad jurídica adscrito a la Consejería competente en materia de tributos.

El Ejecutivo explica en su comunicado que la Agencia tiene como misión "hacer efectivo el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con su capacidad económica mediante el sistema tributario canario".

Dentro de sus funciones, está la aplicación de los tributos del sistema tributario canario, la inspección tributaria y la lucha contra el fraude fiscal, así como la recaudación tributaria y no tributaria.

La ley establece que será el Estatuto la norma que regulará la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la Agencia Tributaria Canaria y que este habrá de incluir aspectos como las funciones a desarrollar por la propia Agencia Tributaria Canaria.