El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una sentencia por la que anula parte de los actuales horarios y condiciones laborales impuestas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario sobre los agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria desde enero del año 2013.

De esta manera, la sala de lo Contencioso del TSJC ha estimado el recurso interpuesto en su momento por una treintena de funcionarios de la Policía Autonómica contra la medida adoptada por el Ejecutivo autónomo.

Además, un recurso contencioso administrativo fue interpuesto con los mismos argumentos por parte de la sección de Comisiones Obreras (CCOO) ante el mencionado órgano judicial.

El motivo de que la resolución firmada por el actual director general de Seguridad y Emergencias, Juan Manuel Santana, acabara en los tribunales fue que la medida no fue suficientemente debatida con los representantes sindicales de los agentes.

Un portavoz de CCOO en la Policía Autonómica, Francisco López, aseguró ayer que el Gobierno canario aportó un borrador para determinar el nuevo horario y condiciones de trabajo a los sindicatos. Pero, a juicio de López, no existió negociación y dicha propuesta se aprobó definitivamente sin tener en cuenta las propuestas de los representantes de los trabajadores.

El delegado de CCOO explica que la resolución de 2 de enero de 2013 implicaba que los agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria tuvieran que trabajar en horario nocturno, en fines de semana o en servicios extraordinarios, pero sin recibir a cambio horas ni días libres, "porque somos conscientes que dinero para pagar horas extras no hay".

El sindicalista señala que "en enero de 2013 se cercenó todo el sistema de compensaciones horarias (en ningún caso retribuidas y sin coste económico) del que todas las fuerzas de seguridad, sin excepción, disponen, y pasaron a ser nulos, creando un grave quebranto a las condiciones de trabajo".

López recuerda que, en su momento, en el año 2011 fue ejemplar la negociación desarrollada por la entonces directora general de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional, Carmen Delia Martín, ya que las condiciones laborales surgieron de la aportación de las autoridades y los funcionarios.

Ahora, falta por conocer la sentencia sobre el recurso interpuesto por Comisiones Obreras, aunque todo indica que será en el mismo sentido que la conocida ayer, ya que se trata del mismo órgano judicial, con los mismos magistrados e iguales argumentos contra la decisión del director general de Seguridad.