La crisis de confianza hacia las instituciones ha traído consigo una mayor demanda ciudadana de transparencia que, a su vez, empieza a materializarse en normativas que obligan a las administraciones a abandonar la opacidad que las ha caracterizado durante décadas. Este panorama ha multiplicado, asimismo, los esfuerzos académicos por analizar cómo responden los responsables públicos a esta exigencia social y legal.

Un proyecto pilotado por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, y en el que también se ha embarcado la Universidad de La Laguna, ha realizado una primera aproximación a la transparencia en la web de los ayuntamientos canarios, y el resultado no es precisamente favorable. El índice de cumplimiento no llega ni siquiera al 30%, y en aspectos tan sensibles para la ciudadanía como los sueldos de los políticos -uno de los más de cuarenta indicadores estudiados- es aún peor: apenas el 8% de las páginas en internet municipales publica las retribuciones de los cargos electos.

El proyecto Mapa Infoparticip@ -financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad- se centra en cuatro bloques de información que las corporaciones locales facilitan -o deberían facilitar- a través de sus webs: representantes políticos, gestión de los recursos colectivos, de qué forma se traslada a la ciudadanía dicha gestión, y herramientas para la participación de los vecinos en el control democrático.

Solo dos de los 88 ayuntamientos del Archipiélago -La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria- cumplen más del 75% de los indicadores, aunque lo hacen por unas décimas. Otros cuatro consiguen situarse entre el 50% y el 75% de cumplimiento: Santa Cruz de Tenerife (70,7%), Telde (68,3%), Arona (58,5%) y La Orotava (51,2%). El resto -82- suspende y prácticamente la mitad no llega ni siquiera a satisfacer el 25% de los aspectos que mide el estudio.

Los indicadores que la media de los consistorios canarios cumplen en mayor medida son los relativos a la publicación de noticias en la web -un 95,4%- y a la información sobre el perfil del contratante y los convenios firmados -un 89,6%-, aunque en este último caso cabe precisar que se trata de una obligación legal. También una mayoría de ayuntamientos publica información histórica sobre el municipio -un 87,3%- o difunde en internet las ordenanzas -un 78,1%.

En cambio, los peores índices de cumplimiento son los de indicadores como la publicación del decálogo de buenas prácticas de la comunicación local. Ningún ayuntamiento lo hace, es de suponer que porque ninguno ha desarrollado este instrumento. Son una minoría muy pequeña los consistorios que permiten la consulta en la web de la relación de puestos de trabajo y de las retribuciones de los trabajadores municipales -un 2,3%-, mientras que la publicación del presupuesto del ayuntamiento es menos habitual de lo que pudiera pensarse (un 21,8%).

Tras la elaboración de esta primera aproximación a las políticas de transparencia y calidad de la información en los municipios de las Islas, los promotores de Mapa Infoparticip@ presentarán el próximo martes una segunda edición centrada en los ayuntamientos de localidades de más de 50.000 habitantes. El proyecto mide aspectos que van más allá de los requerimientos de la propia Ley de Transparencia nacional, recientemente aprobada.

las claves

Solo dos consistorios de las Islas -La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria- presentan un nivel alto de cumplimiento de los indicadores de transparencia, con un 75%.

Los suspendidos son la inmensa mayoría -82 ayuntamientos- y de ellos 38 se sitúan por debajo del 25% de satisfacción de los indicadores.

2,3% Es el porcentaje de corporaciones locales que publican la relación de puestos de trabajo y las retribuciones del personal.

21,8% Es la proporción de ayuntamientos que difunden en sus páginas web el presupuesto municipal. Los que publican las ordenanzas son bastantes más: un 78,1%.