La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) critica que la nueva ley de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), aprobada el 18 de diciembre, supone una "oportunidad histórica perdida", dado que, añaden desde este sindicato, era necesario que se incorporasen otros elementos para garantizar que el ente cumpla con la función de servicio público, así como para impedir alguna hipotética politización o que se pudiese dejar lo periodístico marginado en la toma de decisiones.
Según explica el secretario general de la UPCC, Samuel Toledano, la norma anterior era de 1984 -redactada tras el Estatuto de Autonomía de Canarias con las miras puestas en la creación de una televisión pública- y las mejoras que ahora se han realizado sobre ella son "lo mínimo que se podía hacer". A este respecto, puntualiza que la importancia de haber aprovechado más esta modificación está en que, a partir de ahora, la ley no se va a cambiar "cada dos años".
Uno de los aspectos en los que se detiene el también profesor universitario tiene que ver con que no sea necesaria la formación superior para pertenecer al Consejo Rector o para dirigir el ente público. "Nosotros consideramos que cuando se busca a las personas para esos cargos se debe apostar por la excelencia", mantiene Toledano, que señala que desde 1984 se ha incrementado notablemente el porcentaje de quienes cuentan con título universitario o, incluso, de personas que han accedido a niveles aun más altos, como másteres o doctorados.
También rechaza la situación que se dará con el Consejo de Informativos, uno de los nuevos órganos que se crean y que tiene la función de que los redactores puedan valorar la línea periodística.
Aunque el secretario general entiende que esta última es una idea "muy positiva", cree que está "condenada al fracaso", sobre todo en el caso de la televisión. El motivo: que los trabajadores pertenecen a una empresa privada, Videoreport Canarias, mientras que los profesionales del ente (que son los que pueden estar en ese consejo) son los cargos de responsabilidad. "Resultaría ridículo que los editores sean el contrapunto a la línea informativa que ellos diseñan", concreta.
Desde la UPCC agradecen el trabajo realizado por los diputados -"que han mejorado la ley, pero muy poco"-, y celebran medidas como la aparición del Consejo Asesor que se va a poner en marcha tras la aprobación, que permitirá que la Radiotelevisión Canaria tenga un control externo por parte de varias sociedades, instituciones u organismos diferentes.
Entre las modificaciones que Toledano echa en falta en el texto legal está que los profesionales de la RTVC no tengan un voto vinculante en el nombramiento de todos los cargos públicos del ente, desde el director general hasta los editores. Y es que, a su juicio, si un trabajador se integra en la elección de los directivos, además aumenta su grado de involucración en el proyecto.
Paralelamente, considera que los Servicios Informativos deberían ser públicos, con el objetivo de garantizar el derecho a la información, en lugar de que un servicio de esta naturaleza quede en "manos privadas", dado que estas "están más interesadas en los beneficios económicos que en cumplir su obligación".
Por otra parte, el secretario general de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias pide que antes de que termine la legislatura se destituya a Guillermo García, director de la Radiotelevisión Canaria. "Consideramos que hay unas responsabilidades políticas por la mala gestión que ha hecho, por el tratamiento y la falta de respeto al Parlamento de Canarias sistemáticamente", indica.
Sobre ese asunto, Samuel Toledano agrega que, si acabase el mandato sin ser "condenado políticamente", sería una prueba de que se ha pasado por alto el "daño irreparable" que se ha hecho, no solo a la televisión y al contenido informativo que se emite, sino a los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo.