La incertidumbre sobre los incentivos específicos, por una parte, y la inseguridad jurídica sobre otros aspectos, por otra, frenan las inversiones en los parques eólicos canarios, coinciden en señalar los empresarios de esta actividad en las Islas, quienes demandan celeridad a las administraciones para poder sacar adelante sus proyectos porque, de momento, están paralizados.

Cabe recordar que los primeros 450 megavatios de potencia eólica que se instalen en el Archipiélago contarán con una prima de 84 euros por cada hora de megavatio generado, un tope de potencia instalada muy cercano al contemplado en el concurso eólico de la región, que sigue judicializado. Este incentivo busca poner en marcha las inversiones y acelerar la implantación de las energías alternativas en el Archipiélago, pero solo se presentaron solicitudes por 15 megavatios, muchas de ellas provenientes de la ampliación de parques anteriores.

Al respecto, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) aseveró ayer en un comunicado que el Estado modificó la normativa sectorial al no haber logrado atraer inversiones de este tipo a las Islas. El "frenazo" de las iniciativas, apunta, es consecuencia de la inseguridad jurídica que trajo consigo la reforma energética al reducir y eliminar incentivos de forma "retroactiva" y por "discriminar" a los parques isleños ya instalados -que recibieron el mismo trato de la Península-, por lo que la patronal propone que los existentes en el Archipiélago "perciban un incentivo a la reducción de costes de generación durante toda su vida útil".

Pero el presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico, Claudio Palmés, cree que la situación va más allá del diagnóstico de la patronal y señala, en primer lugar, la imposibilidad de cumplir la norma en los términos en que estaba creada -que daba de plazo hasta diciembre de 2014 para desarrollar los parques eólicos sin que estos cuenten aún con la autorización que debe emitir el Gobierno de Canarias-. "Nos hubiera gustado otra prima, pero lo principal no era el incentivo, sino que este se revise cada tres años, lo que genera inseguridad jurídica en proyectos que se pagan a 20 años", explica.

"Es un problema de credibilidad: si los bancos se creen los términos de los incentivos del ministerio, nos darán financiación, y si no, será mucho más complicado", advierte antes de recordar que el Estado aún está por definir si les impondrá un nuevo aval al margen del presentado en el concurso.

En cambio, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, matiza que tan problemático es lo de los incentivos como la burocracia que requiere aún la normativa. "No hay un único obstáculo, sino un conjunto de dificultades que son todas de envergadura", explica antes de coincidir con Palmés en que la situación conlleva un encarecimiento de la financiación, lo que también frena los proyectos en Canarias.

Como Palmés, Azero lamenta el retraso derivado de la judicialización del concurso -hay sentencias todavía pendientes-, pero confía en que, al final, empresarios y administraciones acabarán coordinándose para poner en marcha las inversiones que ahora esperan a que la situación se aclare.